El general Dámaso Berenguer sustituyó a Miguel Primo de Rivera al frente del Gobierno de la dictadura, el 30 de enero de 1930. El Rey Alfonso XIII encargó a Dámaso Berenguer liderar la transición política al sistema constitucional. De esta manera, la monarquía buscaba su reconciliación con los partidos tradicionales, tras la represión sufrida durante la dictadura. La etapa del Gobierno Berenguer se conocería con el nombre de la 'dictablanda'. Niceto Alcalá Zamora, político conservador y ex-ministro de la monarquía, convocó el 17 de agosto de 1930 a los partidos republicanos y de izquierdas a una reunión para analizar el futuro político de España.
Los líderes del movimiento republicano y socialista pactaron la caída de la monarquía mediante un golpe de Estado. El 12 de diciembre, los capitanes Fermín Galán y García Hernández protagonizaron la sublevación de Jaca. El fracaso de la rebelión supuso la ejecución de los dos caudillos militares y el ingreso en prisión de los tenientes Juan Rubio (de Cartagena) y Joaquín Mellado (de Lorca). El día 15 del mismo mes, el general Queipo de Llano y el aviador Ramón Franco protagonizaron un levantamiento republicano en el aeródromo de Cuatro Vientos, pero también fracasó por falta de apoyo civil y militar. Los dos cabecillas militares lograron la huida al extranjero. El Ejecutivo represalió al Comité Revolucionario republicano mediante el encarcelamiento de la mayoría de sus miembros en la Cárcel Modelo de Madrid. La inestabilidad política provocó la dimisión del presidente Dámaso Berenguer.
El monarca Alfonso XIII designó como nuevo jefe del Gobierno al militar Juan Bautista Aznar, el 18 de febrero de 1931. El encargo principal del Ejecutivo Aznar era la convocatoria de elecciones municipales para el restablecimiento definitivo del sistema constitucional, mediante la elección de alrededor de 80.000 concejales de los Ayuntamientos españoles.
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se desarrollaron con normalidad en toda España desde la apertura de los colegios.
El día 13 de abril, las autoridades confirmaban la victoria republicana en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona y Valencia) y en 41 de las 50 capitales de provincia
Los monárquicos obtuvieron la victoria en 19 municipios de la provincia frente a los 10 de los republicanos. Las elecciones no se celebraron en algunas poblaciones por la ausencia de una candidatura alternativa a la monárquica (proclamada ganadora de forma automática). En este caso, el triunfo electoral correspondía a la candidatura única de signo monárquico.
Los resultados parciales de las elecciones señalaban el día 13 de abril una victoria monárquica en número de concejales, 21.150 frente a 5.175, con el escrutinio del 32% de los votos realizado. Sin embargo, los republicanos interpretaron los comicios municipales como un plebiscito popular entre monarquía o república y el resultado como un anhelo unánime de cambio de régimen entre el pueblo español, debido al triunfo de los republicanos en la mayoría de las ciudades. Los líderes republicanos consideraron los resultados electorales en el mundo rural, nulos, por la influencia del caciquismo en muchos pueblos y alrededores. Por la tarde, los republicanos lanzaron un ultimátum al monarca, con el apoyo de la Guardia Civil y parte del Ejército, para que abandonara el país.
El Rey Alfonso XIII convocó al Gobierno de Juan Bautista Aznar a una reunión urgente para analizar la crisis política. El monarca se mostraba abatido por el resultado electoral en las capitales de provincia. El Gobierno estaba dividido en la respuesta a la crisis: el conde de Romanones proponía la entrega del poder a los republicanos para mantener la paz social, y el ministro murciano Juan de la Cierva apostaba por la continuidad de la monarquía, a la espera de unas elecciones generales. El presidente Aznar y la mayoría de los ministros apostaban por la primera opción, la dimisión.
En la mañana del día 14 de abril, el Rey se reunió con sus ministros y consejeros antes de tomar una decisión definitiva. El conde de Romanones, en nombre del Gobierno de la monarquía, negoció con los republicanos en el domicilio del doctor Gregorio Marañón el cambio de régimen, a cambio de garantizar la seguridad de la Familia Real en su salida de España. Por la tarde, Alfonso XIII presentaba su renuncia al trono, en Consejo de Ministros, debido al varapalo electoral en las ciudades, al ultimátum del Comité Revolucionario republicano y a los consejos del conde de Romanones. El monarca pretendía con su marcha evitar un baño de sangre en España.
Tras la renuncia del monarca Alfonso XIII al trono de España, el presidente del Comité Revolucionario, Alcalá-Zamora, proclamó el nacimiento de la II República desde el balcón de la Puerta del Sol, a las siete de la tarde, ante la algarabía del pueblo madrileño. "Las elecciones del domingo han tenido un complemento grandioso con el requerimiento que ayer hizo la opinión pública para que el régimen monárquico desaparezca y la implantación en el día de hoy de la República por un acto de voluntad soberana, de iniciativa del país sin el menor trastorno, completando aquella empresa de tal manera, que el mundo entero sentirá y admirará la conducta de España, ya puesta en otras manos con un orden ejemplar", declaró.
Rey Alfonso XIII
Por la noche, el Rey Alfonso XIII partió en coche alrededor de las 21 horas desde el Palacio Real de Oriente en Madrid a la ciudad de Cartagena, escoltado por las fuerzas de seguridad en un convoy de cinco vehículos, para marchar al exilio. En el primero iba la escolta real; en el segundo, el Rey junto a su primo el infante don Alfonso de Orleáns; en el tercero, el ministro de Marina Rivera; y en el cuarto y el quinto, agentes de la Guardia Civil y los equipajes del monarca. El Gobierno provisional de la II República emitió un comunicado al pueblo cartagenero "para que procurase guardar el mayor respeto al monarca y se abstuviera de manifestaciones callejeras".
El primer bienio de la Segunda República Española o bienio social-azañista, también conocido como bienio reformista o bienio transformador, constituye la etapa de la Segunda República en la que el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas (Frente Popular) presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras aprobarse la Constitución de 1931 y tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como presidente del Gobierno.
Pero todo el amplio abanico de reformas encontró gran resistencia por parte de los grupos sociales y corporativos a los que las reformas intentaban "descabalgar" de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica, el militarismo “africanista”.
El momento de mayor confrontación entre el gobierno de Azaña y la Iglesia católica fue con motivo de la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, cuyo debate en las Cortes tuvo lugar en los primeros meses de 1933. Los cardenales y obispos españoles, encabezados por el nuevo cardenal primado Isidro Gomá y Tomás, publicaron una carta episcopal que consideraba la ley “un duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia” y en la que llamaban a la movilización de los católicos. El 3 de junio, al día siguiente de la promulgación de la ley, se hacía pública una encíclica del papa Pío XI (Dilectissima Nobis) en la que condenaba el «espíritu anticristiano» del régimen español, afirmando que la ley de Congregaciones «nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia».
Lo que hacía la ley de Congregaciones era desarrollar los artículos 26 y 27 de la Constitución: reglamentaba el culto público católico; suprimía la dotación de «culto y clero» del Estado; nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico (templos, monasterios, seminarios, etc.) aunque quedaban a disposición de la Iglesia; y por último, establecía el cierre de los centros de enseñanza católicos de secundaria para el 1º de octubre y los de primaria para el 31 de diciembre de 1933.
En el verano de 1933 el gobierno de Azaña puso en marcha «el más notable de sus experimentos» educativos: las misiones pedagógicas. Era una iniciativa del crítico de arte Manuel Bartolomé Cossío, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, que quería llevar «el aliento del progreso» a los pueblos más aislados y atrasados de España. Así profesores y estudiantes, la mayoría de ellos de la Universidad de Madrid, se fueron a las aldeas con reproducciones de pinturas célebres y con discos y películas, y sobre escenarios improvisados representaban obras de teatro de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. Asimismo llevaban libros y medicinas y ayudaban a construir escuelas. En este proyecto también participó el grupo teatral La Barraca, creado por Federico García Lorca.
La potenciación de la coeducación, además de que la religión dejó de ser asignatura obligatoria, agudizó el enfrentamiento con la Iglesia. También hubo interesantes proyectos en el campo educacional, contando con el antecedente de la labor de la Institución Libre de Enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios (modernización de la Universidad, ampliación de los centros y alumnos de bachillerato) e importantes realizaciones en el campo cultural (bibliotecas ambulantes, misiones pedagógicas). Se trató, pues, de la acción más decidida de la historia del país hasta entonces por mejorar la educación española. Y esto no solo fue en inversiones, sino también intentando introducir mejoras pedagógicas y dando paso a las nuevas corrientes en esta materia.
Los líderes del movimiento republicano y socialista pactaron la caída de la monarquía mediante un golpe de Estado. El 12 de diciembre, los capitanes Fermín Galán y García Hernández protagonizaron la sublevación de Jaca. El fracaso de la rebelión supuso la ejecución de los dos caudillos militares y el ingreso en prisión de los tenientes Juan Rubio (de Cartagena) y Joaquín Mellado (de Lorca). El día 15 del mismo mes, el general Queipo de Llano y el aviador Ramón Franco protagonizaron un levantamiento republicano en el aeródromo de Cuatro Vientos, pero también fracasó por falta de apoyo civil y militar. Los dos cabecillas militares lograron la huida al extranjero. El Ejecutivo represalió al Comité Revolucionario republicano mediante el encarcelamiento de la mayoría de sus miembros en la Cárcel Modelo de Madrid. La inestabilidad política provocó la dimisión del presidente Dámaso Berenguer.
Dámaso Berenguer
El monarca Alfonso XIII designó como nuevo jefe del Gobierno al militar Juan Bautista Aznar, el 18 de febrero de 1931. El encargo principal del Ejecutivo Aznar era la convocatoria de elecciones municipales para el restablecimiento definitivo del sistema constitucional, mediante la elección de alrededor de 80.000 concejales de los Ayuntamientos españoles.
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se desarrollaron con normalidad en toda España desde la apertura de los colegios.
El día 13 de abril, las autoridades confirmaban la victoria republicana en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona y Valencia) y en 41 de las 50 capitales de provincia
Los monárquicos obtuvieron la victoria en 19 municipios de la provincia frente a los 10 de los republicanos. Las elecciones no se celebraron en algunas poblaciones por la ausencia de una candidatura alternativa a la monárquica (proclamada ganadora de forma automática). En este caso, el triunfo electoral correspondía a la candidatura única de signo monárquico.
Los resultados parciales de las elecciones señalaban el día 13 de abril una victoria monárquica en número de concejales, 21.150 frente a 5.175, con el escrutinio del 32% de los votos realizado. Sin embargo, los republicanos interpretaron los comicios municipales como un plebiscito popular entre monarquía o república y el resultado como un anhelo unánime de cambio de régimen entre el pueblo español, debido al triunfo de los republicanos en la mayoría de las ciudades. Los líderes republicanos consideraron los resultados electorales en el mundo rural, nulos, por la influencia del caciquismo en muchos pueblos y alrededores. Por la tarde, los republicanos lanzaron un ultimátum al monarca, con el apoyo de la Guardia Civil y parte del Ejército, para que abandonara el país.
Juan Bautista Aznar
El Rey Alfonso XIII convocó al Gobierno de Juan Bautista Aznar a una reunión urgente para analizar la crisis política. El monarca se mostraba abatido por el resultado electoral en las capitales de provincia. El Gobierno estaba dividido en la respuesta a la crisis: el conde de Romanones proponía la entrega del poder a los republicanos para mantener la paz social, y el ministro murciano Juan de la Cierva apostaba por la continuidad de la monarquía, a la espera de unas elecciones generales. El presidente Aznar y la mayoría de los ministros apostaban por la primera opción, la dimisión.
En la mañana del día 14 de abril, el Rey se reunió con sus ministros y consejeros antes de tomar una decisión definitiva. El conde de Romanones, en nombre del Gobierno de la monarquía, negoció con los republicanos en el domicilio del doctor Gregorio Marañón el cambio de régimen, a cambio de garantizar la seguridad de la Familia Real en su salida de España. Por la tarde, Alfonso XIII presentaba su renuncia al trono, en Consejo de Ministros, debido al varapalo electoral en las ciudades, al ultimátum del Comité Revolucionario republicano y a los consejos del conde de Romanones. El monarca pretendía con su marcha evitar un baño de sangre en España.
Tras la renuncia del monarca Alfonso XIII al trono de España, el presidente del Comité Revolucionario, Alcalá-Zamora, proclamó el nacimiento de la II República desde el balcón de la Puerta del Sol, a las siete de la tarde, ante la algarabía del pueblo madrileño. "Las elecciones del domingo han tenido un complemento grandioso con el requerimiento que ayer hizo la opinión pública para que el régimen monárquico desaparezca y la implantación en el día de hoy de la República por un acto de voluntad soberana, de iniciativa del país sin el menor trastorno, completando aquella empresa de tal manera, que el mundo entero sentirá y admirará la conducta de España, ya puesta en otras manos con un orden ejemplar", declaró.
Rey Alfonso XIII
Por la noche, el Rey Alfonso XIII partió en coche alrededor de las 21 horas desde el Palacio Real de Oriente en Madrid a la ciudad de Cartagena, escoltado por las fuerzas de seguridad en un convoy de cinco vehículos, para marchar al exilio. En el primero iba la escolta real; en el segundo, el Rey junto a su primo el infante don Alfonso de Orleáns; en el tercero, el ministro de Marina Rivera; y en el cuarto y el quinto, agentes de la Guardia Civil y los equipajes del monarca. El Gobierno provisional de la II República emitió un comunicado al pueblo cartagenero "para que procurase guardar el mayor respeto al monarca y se abstuviera de manifestaciones callejeras".
Proclamación II República Española
El primer gobierno de izquierdas
El primer bienio de la Segunda República Española o bienio social-azañista, también conocido como bienio reformista o bienio transformador, constituye la etapa de la Segunda República en la que el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas (Frente Popular) presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras aprobarse la Constitución de 1931 y tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como presidente del Gobierno.
Pero todo el amplio abanico de reformas encontró gran resistencia por parte de los grupos sociales y corporativos a los que las reformas intentaban "descabalgar" de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica, el militarismo “africanista”.
Cuestión Religiosa
El momento de mayor confrontación entre el gobierno de Azaña y la Iglesia católica fue con motivo de la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, cuyo debate en las Cortes tuvo lugar en los primeros meses de 1933. Los cardenales y obispos españoles, encabezados por el nuevo cardenal primado Isidro Gomá y Tomás, publicaron una carta episcopal que consideraba la ley “un duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia” y en la que llamaban a la movilización de los católicos. El 3 de junio, al día siguiente de la promulgación de la ley, se hacía pública una encíclica del papa Pío XI (Dilectissima Nobis) en la que condenaba el «espíritu anticristiano» del régimen español, afirmando que la ley de Congregaciones «nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia».
Lo que hacía la ley de Congregaciones era desarrollar los artículos 26 y 27 de la Constitución: reglamentaba el culto público católico; suprimía la dotación de «culto y clero» del Estado; nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico (templos, monasterios, seminarios, etc.) aunque quedaban a disposición de la Iglesia; y por último, establecía el cierre de los centros de enseñanza católicos de secundaria para el 1º de octubre y los de primaria para el 31 de diciembre de 1933.
Política educativa
Una de las prioridades del Gobierno Provisional ya había sido la construcción de escuelas primarias públicas, para poner fin a una de las lacras de la sociedad española, el todavía elevado analfabetismo. Las necesidades de escuelas primarias estatales aumentaron todavía más cuando se aprobó la ley de Congregaciones que había establecido el cierre de los colegios de primaria religiosos para el 31 de diciembre de 1933, y el cálculo que había hecho el ministerio era que para atender a los 350 000 niños de esos colegios sería necesario construir a toda prisa unas 7000 escuelas más.En el verano de 1933 el gobierno de Azaña puso en marcha «el más notable de sus experimentos» educativos: las misiones pedagógicas. Era una iniciativa del crítico de arte Manuel Bartolomé Cossío, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, que quería llevar «el aliento del progreso» a los pueblos más aislados y atrasados de España. Así profesores y estudiantes, la mayoría de ellos de la Universidad de Madrid, se fueron a las aldeas con reproducciones de pinturas célebres y con discos y películas, y sobre escenarios improvisados representaban obras de teatro de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. Asimismo llevaban libros y medicinas y ayudaban a construir escuelas. En este proyecto también participó el grupo teatral La Barraca, creado por Federico García Lorca.
La potenciación de la coeducación, además de que la religión dejó de ser asignatura obligatoria, agudizó el enfrentamiento con la Iglesia. También hubo interesantes proyectos en el campo educacional, contando con el antecedente de la labor de la Institución Libre de Enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios (modernización de la Universidad, ampliación de los centros y alumnos de bachillerato) e importantes realizaciones en el campo cultural (bibliotecas ambulantes, misiones pedagógicas). Se trató, pues, de la acción más decidida de la historia del país hasta entonces por mejorar la educación española. Y esto no solo fue en inversiones, sino también intentando introducir mejoras pedagógicas y dando paso a las nuevas corrientes en esta materia.
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