Elecciones de noviembre de 1933
El presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora decidió resolver la crisis planteada por la disolución de la coalición republicano-socialista que había sustentado al gobierno de Manuel Azaña durante el primer bienio con la disolución de las Cortes elegidas en junio de 1931, porque creyó que éstas ya no representaban a la opinión pública dominante en ese momento después de las fuertes reacciones y tensiones que se habían vivido en España como consecuencia de la política reformista emprendida por el gobierno social-azañista, y por esta razón buscó «orientación y armonía definitiva, acudiendo a la consulta directa de la voluntad general», tal como decía en el preámbulo del decreto de convocatoria de las elecciones. La nueva ley electoral aprobada el 27 de julio de 1933 introdujo algunos cambios respecto a la que se aplicó en las elecciones anteriores de junio de 1931: se elevó al 40 % la cantidad de votos requerida por una candidatura para triunfar en la primera vuelta, mientras que en la segunda, que se celebraría si ningún candidato llegaba a esa cifra, sólo podían participar quienes hubiesen alcanzado el 8 % de los votos. Además se posibilitó el cambio en la composición de las candidaturas entre la primera y la segunda vueltas. Pero se mantuvo lo esencial: era un sistema electoral mayoritario de listas abiertas que premiaba a las candidaturas que obtuvieran más votos, por lo que los partidos que consiguieran presentarse en coalición conseguían un mayor número de diputados que si se presentaban en solitario.Los partidos
Partidos de derechas
A diferencia de las elecciones constituyentes de junio de 1931, las derechas no republicanas formaron una coalición electoral que se formalizó el 12 de octubre de 1933 con el nombre de Unión de Derechas y Agrarios, en la que se integraron la CEDA, como partido hegemónico, el Partido Agrario, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y la Comunión Tradicionalista, además de algunos independientes agrarios y católicos. A pesar de sus diferencias ideológicas y tácticas, consiguieron elaborar un programa mínimo que constaba de tres puntos y que plasmaba los tres ejes sobre los que había girado su política de confrontación con los gobiernos de Manuel Azaña durante el primer bienio en defensa del orden y de la religión: revisión de la Constitución de 1931 y de la legislación reformista del primer bienio, especialmente la social y la religiosa; abolir la Ley de Reforma Agraria de 1932, y declarar una amnistía por delitos políticos, lo que suponía sacar de la cárcel a todos los condenados por el intento de golpe de Estado de agosto de 1932 encabezado por el general Sanjurjo, así como la liberación de los insurrectos anarquistas y otros presos políticos. Durante la campaña la CEDA hizo un gran despliegue de propaganda gracias a la financiación que obtuvo muy por encima del resto de los partidos que concurrían a las elecciones. En el manifiesto de la Coalición antimarxista publicado por el diario católico El Debate el 1 de noviembre, se definía la política aplicada por los gobiernos republicano-socialistas del primer bienio como marxista, con su concepción materialista y anticatólica de la vida y de la sociedad y su antiespañolismo por lo que los candidatos de la coalición antimarxista defenderán resueltamente y a todo trance la necesidad de una inmediata derogación, por la vía que en cada caso proceda, de los preceptos, tanto constitucionales como legales, inspirados en designios laicos y socializantes.Partido de derechas Lerroux
Por su parte el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que había encabezado la oposición a los gobiernos de Manuel Azaña durante el año 1933, esperaba recoger los frutos de esa campaña y se presentó como una opción de centro, con su propuesta de «República, orden, libertad, justicia social, amnistía».Para ello pactó con otros grupos republicanos de centro-derecha (el Partido Republicano Liberal Demócrata de Melquiades Álvarez y el Partido Republicano Progresista, el partido del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora) y con la CEDA y el Partido Agrario en las circunscripciones donde fue necesario celebrar segunda vuelta.Partidos de izquierdas
En cambio, los republicanos de izquierda y los socialistas, que se habían presentado en coalición en las elecciones constituyentes de 1931, ahora lo hicieron por separado. En el PSOE se impuso la postura de Largo Caballero de romper completamente las relaciones con los republicanos, frente a la posición favorable a la coalición defendida por Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos.La Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
La CNT desplegó una campaña sin precedentes a favor de la abstención, con insultos al animal elector incluidos y con descalificaciones a derecha e izquierda. Su alternativa era la insurrección si ganaban las tendencias fascistas las elecciones e instaurar el comunismo libertario.Los resultados
El resultado de las elecciones de noviembre de 1933, en las que votaron por primera vez las mujeres (6 800 000 censadas), fue la derrota de los republicanos de izquierda y de los socialistas y el triunfo de la derecha y del centroderecha, debido fundamentalmente a que los partidos de esa tendencia se presentaron unidos formando coaliciones, mientras que la izquierda se presentó dividida.Resultados de la derecha
La coalición de la derecha no republicana obtuvo en torno a los 200 diputados (de los cuales 115 eran de la CEDA, 30 de los agrarios, 20 de los tradicionalistas, 14 de los alfonsinos de Renovación Española y 18 independientes de derecha, más dos fascistas, uno de Falange Española y otro del Partido Nacionalista Español), mientras que el centro-derecha y el centro obtuvieron unos 170 diputados (102 de Partido Republicano Radical, 9 de los liberal-demócratas, y 3 de los progresistas; 11 del PNV; 24 Lliga Regionalista; Partido Republicano Gallego, 6; Partido Republicano Conservador, 17).Resultados de la izquierda
La izquierda vio reducida su representación a apenas un centenar de parlamentarios (59 el PSOE; 17 ERC; USC 3; Acción Republicana, 5; federales 4; Partido Republicano Radical Socialista Independiente 3). Se había producido un vuelco espectacular respecto de las Cortes Constituyentes, aunque el parlamento volvía a estar muy atomizado y se hacían necesarios los pactos para asegurar la gobernabilidad Según el testimonio del radical Diego Martínez Barrio, los principales dirigentes de los republicanos de izquierda encabezados por Manuel Azaña nada más conocerse los resultados electorales presionaron al presidente de la República Alcalá-Zamora para que convocara nuevas elecciones antes de que se constituyeran las Cortes recién elegidas. Sin embargo, la sesión de apertura de las nuevas Cortes se celebró con normalidad el 8 de diciembre de 1933 presidida por Alcalá Zamora. Como ha señalado el historiador Santos Juliá, «el resultado de las elecciones fue un realineamiento espectacular del sistema de partidos, buena muestra de lo lejos que la República estaba aún de ser una democracia consolidada»Cambios que trajo los resultados
El cambio más notable fue la irrupción en la escena parlamentaria de la CEDA, la derecha católica accidentalista que no había declarado su lealtad a la República y que se convirtió en la mayor minoría de las Cortes. Otros partidos de la derecha o del centro-derecha (Agrarios, Conservadores, Lliga, Progresistas y Liberal-demócratas) obtuvieron resultados aceptables, convirtiéndose en piezas imprescindibles para la formación de gobierno. El otro cambio trascendental para el sistema de partidos fue la incuestionable derrota de la izquierda republicana y el duro correctivo sufrido por los socialistas, que se habían presentado en solitario a las elecciones con la aspiración de obtener una mayoría suficiente que les permitiese gobernar y transformar de forma pacífica la república «burguesa» en una «república socialista».También, señalar que la posición central la ocupaba el Partido Radical. Se ha discutido mucho sobre hasta qué punto el triunfo de la derecha y del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 se debió al voto de las mujeres, supuestamente muy influenciadas por la Iglesia católica, y a la campaña abstencionista de la CNT que habría restado votos a los partidos de izquierda. Los historiadores han descartado estas dos causas. La causa fundamental de la derrota de las izquierdas y del triunfo de las derechas fue que las primeras se presentaron desunidas y las segundas unidas, todo lo contrario de lo había sucedido en las elecciones de 1931.El primer problema: la insurrección anarquista de diciembre de 1933.
Aún no se había constituido el nuevo gobierno, cuando estalló la tercera insurrección anarquista de la historia de la República, y como las dos anteriores del primer bienio también resultó un completo fracaso. La decisión se había tomado nada más conocerse el resultado de la primera vuelta de las elecciones de noviembre de 1933 en un Pleno Nacional de la CNT del que salió un comité revolucionario encargado de organizarla y compuesto, entre otros, por Buenaventura Durruti y otros miembros de la FAI. El mismo día en que se abrieron las nuevas Cortes, el 8 de diciembre, el gobernador civil de Zaragoza ordernó cerrar los locales de la CNT como medida preventiva y desplegar las fuerzas de orden público por las calles, pero eso no evitó que por la tarde y durante los siguientes próximos días los tiroteos y los enfrentamientos entre policías y revolucionarios que querían implantar el comunismo libertario se extendieran, en una ciudad paralizada por la huelga, muriendo personas desde el primer día. El día 14 fue declarado el Estado de Guerra e intervino el Ejército para restablecer el orden, mientras guardias de asalto conducían los tranvías, escoltados por los soldados. El día 15 la CNT dio la orden de volver al trabajo y al día siguiente la policía detenía al comité revolucionario. Al final Durruti fue detenido después en Barcelona.La cuestión militar
La reforma militar de Azaña se mantuvo aunque los tres gobiernos radicales tuvieron una gestión muy contraria de la etapa de Azaña. El ministro de la Guerra Diego Hidalgo intentó atraerse a los militares descontentos, sobre todo a los africanistas, concediendo ascensos para puestos vacantes que deberían haberse eliminado. Así fueron promocionados militares de dudosa lealtad a la República, como el general Franco, a quien acabaría encomendando, contra la opinión del resto del gabinete, la dirección de las operaciones militares contra los sublevados en la Revolución de Asturias de 1934, o el general Goded, implicado en el fracasado golpe de Estado de agosto de 1932 encabezado por el General Sanjurjo. En verano de 1934, el ejército, aunque era partidario de un sistema político más conservador no tenía la perspectiva de pronunciarse violentamente contra la República ni de anular las libertades de expresión, reunión y manifestación, como acreditó el fracaso de la "Sanjurjada".La cuestión religiosa
- La primera batalla de la política religiosa de los gobiernos radicales se centró en los haberes del clero. El gobierno era consciente de que si se aplicaba estrictamente la Constitución de 1931, según la cual el presupuesto del clero tendría que ser suprimido durante el ejercicio de 1934, se dejaría a los párrocos más pobres (los rurales) sin ingresos. Por su parte la derecha monárquica exigía el restablecimiento del presupuesto del clero de 1931 en su totalidad.
- La segunda batalla de la política religiosa se desarrolló en el campo de la enseñanza. El gobierno radical era consciente de que la sustitución de las escuelas privadas religiosas por escuelas públicas, prevista para enero de 1934 en el caso de la enseñanza primaria, planteaba graves problemas administrativos y presupuestarios a la vista de la falta de dinero, escuelas y maestros. Los radicales no eran exactamente unos «títeres» de la derecha, como afirmaba la izquierda, lo demostró el nuevo plan de bachillerato que en el verano de 1934 presentó Filiberto Villalobos, ministro de educación del gobierno Samper, un plan que estaba inspirado en la pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza que por ello enfureció a la CEDA, además de porque, en cumplimiento de la Constitución de 1931, excluía la enseñanza de la religión. Aunque El Socialista acusó a Villalobos de consentir que el Ministerio fuera invadido por los jesuitas, el gasto en educación en los años 1934 y 1935 aumentó por encima incluso del nivel del primer bienio.
- El último aspecto de la política religiosa de los gobiernos radicales fue, a la vez, el que llevaron más en secreto: el intento de negociar un concordato con el Vaticano. El gobierno de Lerroux ya manifestó en su presentación que algún tipo de acuerdo con Roma era fundamental, aunque sin incluir la revisión de la Constitución, para poder integrar dentro de la República no sólo a la derecha católica accidentalista sino a la gran mayoría de los católicos. Tras la derrota de la Revolución de octubre de 1934 la postura intransigente del Vaticano y de la jerarquía eclesiástica española se acentuó por lo que el acuerdo fue ya imposible. Se apostó todo a que la CEDA ocupara la presidencia del gobierno y cambiara la Constitución.
La cuestión social: la presión patronal y la ofensiva de la CNT y la UGT
Las reformas socio-laborales de Largo Caballero fueron parcialmente rectificadas bajo la presión de las organizaciones patronales, además de que a los radicales tampoco les agradaban. Sin embargo, ni la Ley de Contratos de Trabajo ni la de Jurados Mixtos fueron derogadas, si se comenzó a discutir su reforma, pero en el caso de estos últimos los presidentes nombrados por el gobierno empezaron a fallar más favorablemente a los patronos. El motivo fundamental de no llevar adelante completamente la contrarreforma laboral que demandaban los empresarios fue que los sindicatos aún conservaron una gran capacidad de movilización lo que se tradujo en una creciente oleada de huelgas a lo largo de 1934 que por primera vez desde la proclamación de la República eran convocadas por comités conjuntos de UGT y CNT. Esto fue lo que obligó al gobierno a mantener los jurados mixtos para intentar acabar con las huelgas con resoluciones de los mismos que dieran al menos parcialmente la razón a los trabajadores. Esto hizo que aumentara el descontento de los patronos con los gobiernos del Partido Radical al que acusaban de debilidad y de haber traicionado a los que les habían votado.La cuestión agraria: la ofensiva de los propietarios y la huelga general campesina de junio.
Cirilo del Río Rodríguez, que estuvo en los tres gabinetes radicales al frente del Ministerio de Agricultura, respetó el ritmo previsto de aplicación de la Ley de Reforma Agraria por lo que en 1934 se asentaron más campesinos que durante todo el bienio anterior, expropiándose de muchas más propiedades, aunque la Ley de Amnistía aprobada en abril de 1934 le devolvió a la nobleza una parte de las tierras que le había confiscado el gobierno de Azaña por la implicación de algunos de sus miembros en la Sanjurjada. Pero el objetivo principal de la política de Cirilo del Río era desmontar el «poder socialista» en el campo, para lo que anuló o modificó sustancialmente los decretos agrarios del Gobierno Provisional. Además, en febrero de 1934 no se prorrogó el Decreto de Intensificación de Cultivos por lo que una gran cantidad de familias fueron desalojadas de las parcelas que cultivaban en fincas que mantenían tierras incultas. Asimismo se aumentaron las facilidades para el desahucio de los arrendatarios que no cumplieran con los plazos de pago establecidos en los contratos. La derogación de facto del decreto de Términos Municipales y la reforma de los Jurados Mixtos agrarios (cuyos presidentes nombrados por el gobierno se inclinaron cada vez más a favor de los patronos) les permitió a los propietarios volver a gozar de una casi completa libertad de contratación de los jornaleros que necesitaran y poder tomar represalias contra sus organizaciones. Como consecuencia de todo ello los salarios agrícolas, que habían aumentado durante el primer bienio, volvieron a caer. Presionada por sus bases y aun sin contar con la aprobación de la ejecutiva nacional de UGT (que estaba preparando una huelga general revolucionaria de ámbito nacional), la FNTT convocó la huelga de jornaleros para el 5 de junio de 1934, momento en que iba empezar la cosecha, en defensa de las conquistas sociales del primer bienio (en contratos, empleo, salarios, reconocimiento de sindicatos, jurados mixtos), y esperando que los obreros de las ciudades les seguirían pero estos no se unieron. La huelga afectó a municipios de Andalucía, Extremadura y La Mancha, y a otras provincias. Duró de cinco a quince días, dependiendo del grado de implantación socialista en cada lugar. Fue la mayor huelga agraria de la historia española.La cuestión regional
Los tres primeros gobiernos del Partido Republicano Radical neutralizaron el impulso estatutario propio del Estado integral definido en la Constitución de 1931 (que según la CEDA suponía un peligro de desintegración de la patria), lo que provocó graves tensiones allí donde los procesos de autonomía ya estaban en marcha. La paralización del Estatuto vasco y el conflicto por el concierto económico. En febrero de 1934 se paralizó el proceso de aprobación del estatuto de autonomía del País Vasco, cuando un diputado tradicionalista vasco planteó la exclusión de Álava de la autonomía vasca alegando que allí no se había alcanzado la mayoría necesaria (el 50 %) en el referéndum celebrado el 3 de noviembre de 1933 (un hecho que se había producido precisamente por la oposición de los carlistas al estatuto vasco). El 12 de junio los diputados del PNV se retiraron de las Cortes como protesta por la paralización de la tramitación de su Estatuto y en solidaridad con Esquerra Republicana de Cataluña que también había retirado los suyos después del que el Tribunal de Garantías Constitucionales anulase la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el parlamento catalán. En el verano de 1934 surgió un conflicto en torno al Concierto Económico (el gobierno central pretendía modificar el régimen fiscal específico que tenía el comercio del vino en el País Vasco) lo que provocó una rebelión institucional de los ayuntamientos. La iniciativa corrió a cargo del ayuntamiento de mayoría republicano-socialistas de Bilbao y el liderazgo del movimiento lo ostentó el alcalde de San Sebastián, el republicano Fernando Sasiain (que en agosto de 1930 había presidido la reunión del Pacto de San Sebastián celebrada en la sede de su partido), y fue secundada por el resto de municipios vascos, muchos de ellos gobernados por el PNV. El punto clave del conflicto fueron las elecciones convocadas por los municipios de las tres provincias vascas sin la aprobación de las Cortes. El conflicto con la Generalidad de Cataluña por la Ley de Contratos de Cultivo.El conflicto con la Generalidad de Cataluña (presidida por Lluís Companys que había sustituido a Francesc Macià fallecido en la Navidad de 1933) fue a propósito de la promulgación el 14 de abril de 1934 de la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el parlamento catalán, que posibilitaba a los arrendatarios de viñedos (rabassaires) la compra de las parcelas tras cultivarlas durante quince años. Los propietarios protestaron y consiguieron con el apoyo de la Lliga Regionalista que el Gobierno llevara la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. El 8 de junio la declaró anticonstitucional porque el parlamento catalán se había excedido en las competencias que le atribuía el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 La respuesta de la Generalidad de Cataluña fue retirar de las Cortes Generales a los 18 diputados de la Esquerra Republicana de Cataluña, acompañados de los 12 del PNV, y proponer al Parlamento de Cataluña una ley idéntica que fue aprobada el 12 de junio, lo que constituía un grave desafió al gobierno y al Tribunal de Garantías Constitucionales. A partir de ese momento el gobierno Samper intentó negociar con el de la Generalidad a lo largo del verano para intentar llegar a un acuerdo, pero la CEDA lo acusó de falta de energía en la cuestión rabassaire y acabó retirándole su apoyo, lo que abriría la crisis de octubre de 1934.
La Revolución de octubre de 1934
A la vuelta de las vacaciones parlamentarias, y antes de que se reunieran el 1 de octubre, la CEDA anunció que retiraba su apoyo al gobierno de Ricardo Samper y exigía la entrada en el mismo. En la sesión de apertura del 1 de octubre Samper intentó defender su gestión, pero la CEDA no lo apoyó por lo que tuvo que presentar su dimisión. Entonces el presidente de la República se encontró con un grave problema político pues los republicanos de izquierda le presionaron para que disolviera las Cortes, convocaran nuevas elecciones y no consumara la traición que suponía «el hecho monstruoso de entregar el gobierno de la República a sus enemigos. Pero Alcalá Zamora se atuvo a las reglas de los sistemas democráticos y propuso a Alejandro Lerroux de nuevo como presidente de un gobierno que incluiría a tres ministros de la CEDA (Manuel Giménez Fernández en Agricultura; Rafael Aizpún en Justicia; y José Oriol Anguera de Sojo en Trabajo). La composición del nuevo gobierno se hizo pública el día 4 de octubre. Los socialistas cumplieron su amenaza de que desencadenarían la revolución si la CEDA accedía al gobierno y convocaron la huelga general revolucionaria que comenzaría a las 0 horas del día 5 de octubre.La radicalización de los socialistas
Los socialistas desde su expulsión del gobierno en septiembre de 1933 y su ruptura con los republicanos, y especialmente tras la derrota en las elecciones de noviembre de 1933, cambiaron de estrategia para alcanzar el socialismo: abandonaron la «vía parlamentaria» y optaron por la vía insurreccional para la toma del poder. Para muchos socialistas la lucha legal, el reformismo y la República parlamentaria ya no servían, convirtiéndose la revolución social en su único objetivo. Así lo justificó en enero de 1934 Francisco Largo Caballero, el líder socialista que protagonizó este cambio de orientación Así pues, «los socialistas no pretendían con sus anuncios de revolución defender la legalidad republicana contra un ataque de la CEDA, sino responder a una supuesta provocación con objeto de avanzar hacia el socialismo. Al menos al principio, la huelga general revolucionaria proyectada por los socialistas también era una forma de defensa de la ‘legitimidad’ republicana frente a la ‘legalidad’ detentada por el Gabinete radical-cedista (cuando éste se formara), de insurrección defensiva destinada tanto a proteger a las masas trabajadoras del fascismo como a corregir el rumbo de la República burguesa hacia la orientación revolucionaria a la que nunca había renunciado el movimiento obrero español. Sin embargo, al abandonar la vía parlamentaria, «los socialistas demostraron idéntico repudio del sistema institucional representativo que habían practicado los anarquistas en los años anteriores. El primer paso de la nueva estrategia se produjo en enero de 1934 cuando Francisco Largo Caballero, el dirigente socialista que defendía la vía insurreccional, y sus partidarios desalojaron de la comisión ejecutiva de UGT a Julián Besteiro y a otros dirigentes socialistas contrarios a la estrategia revolucionaria (poco después hicieron lo mismo con la dirección besteirista de la FNTT). Así Largo Caballero acumuló en ese momento los cargos de presidente del PSOE con el de secretario general de la UGT, además de ser el líder más aclamado por las Juventudes Socialistas y las consecuencias de este hecho estaban claras, según Largo Caballero: Nada más producirse la derrota de los moderados besteiristas se formó una Comisión Mixta presidida por Largo Caballero e integrada por dos representantes del PSOE, dos de la UGT y dos de las Juventudes Socialistas, cuya misión era organizar la huelga general revolucionaria y el movimiento insurreccional armado que estaría protagonizado por las milicias socialistas y que contaría con la complicidad de algunos mandos militares. Inmediatamente la Comisión Mixta convocó en Madrid a delegaciones de las provincias que recibieron instrucciones de formar comités revolucionarios a nivel local coordinados por las Juntas Provinciales, y a las que se les dijo que el triunfo de la revolución descansará en la extensión que alcance y la violencia con que se produzca. Asimismo, deberían constituirse, además de grupos de sabotaje de los servicios como electricidad, gas o teléfonos, milicias integradas por los individuos más decididos y que recibirían instrucción militar de los jefes a los que deberían obedecer. Las armas las obtendrían apoderándose de los depósitos militares. La Comisión Mixta encargó a Indalecio Prieto la preparación militar del movimiento, con el avituallamiento de armas y la captación de la oficialidad en los cuarteles como principales cometidos Por otro lado los socialistas apoyaron la creación de Alianzas Obreras en las que se integraron pequeñas organizaciones proletarias, como Izquierda Comunista o el Bloque Obrero y Campesino, que eran las primeras que habían propuesto la idea de formar alianzas antifascistas, pero no la CNT, y sólo muy al final el reducido Partido Comunista de España, que hasta entonces las había combatido con dureza. La ocasión se planteó a la vuelta de las vacaciones parlamentarias que finalizaban el 1 de octubre de 1934 cuando la CEDA hizo saber que retiraba su apoyo al gobierno de centro-derecha de Samper y que exigía formar parte del gobierno. Alcalá Zamora encargó la resolución de la crisis al líder del Partido Radical Alejandro Lerroux que accedió a la demanda cedista y formó el nuevo gobierno el 4 de octubre con la inclusión de tres ministros de la CEDA. Ese mismo día el comité revolucionario socialista convocó la huelga general revolucionaria que se iniciaría a las 0 horas del día 5 de octubre.La huelga insurreccional
La anunciada huelga general revolucionaria se inició el día 5 de octubre y fue seguida prácticamente en casi todas las ciudades (no así en el campo, que acababa de salir de su propia huelga), pero la insurrección armada quedó reducida, salvo en Asturias, a algunos tiroteos y ninguna población importante quedó en poder de los revolucionarlos. En Madrid algunos insurrectos intentaron ocupar el Ministerio de la Gobernación y algunas instalaciones militares, pero no lo consiguieron, aunque los tiroteos, algunos de cierta intensidad, se mantuvieron hasta el día 8 de octubre, en que fueron detenidos casi todos los miembros del Comité revolucionario socialista. En todos los lugares, excepto en Asturias, fracasó la insurrección porque los militantes socialistas comprometidos estuvieron a la espera de que se abrieran las puertas de los cuarteles y los soldados se unieran al pueblo revolucionario, pero eso no se produjo nunca. Al contrario, el Ejército al proclamar el gobierno el estado de guerra es el que protagonizó el restablecimiento del orden. En realidad la insurrección careció de una auténtica planificación, política y militar. La revolución también fracasó porque no contó con el apoyo de la CNT, salvo en Asturias, y porque tampoco pudo contar con los jornaleros del campo, exhaustos y desorganizados tras las desastrosas movilizaciones de la primavera.La Revolución de Asturias
En Asturias, a diferencia del resto de España donde el movimiento insurreccional fracasó, sí se produjo un auténtico conato de revolución social: el «Octubre Rojo». Las razones de la diferencia asturiana hay que buscarlas en que allí la CNT sí se sumó a la Alianza Obrera junto con la organización obrera hegemónica la UGT (el Partido Comunista de España se incorporó muy tardíamente después de haber combatido la Alianza durante meses), y en que la insurrección fue preparada minuciosamente, con convocatorias de huelgas generales previas, y el aprovisionamiento de armas y de dinamita obtenidas mediante pequeños robos en las fábricas y en las minas, además del adiestramiento de grupos de milicias. La insurrección comenzó en la noche del 5 al 6 de octubre cuando las milicias obreras integradas por unos 20 000 obreros, en su mayoría mineros, se hicieron rápidamente con el control de las cuencas del Nalón y del Caudal y a continuación se apoderaron de Gijón y de Avilés y entraron en la capital Oviedo. El 10 de octubre desembarcaban en Gijón tropas coloniales (dos batallones de legionarios y dos de regulares procedentes de África, al mando del coronel Yagüe), mientras que desde Galicia alcanzaba Oviedo una columna al mando el general Eduardo López Ochoa. Toda la operación estaba siendo dirigida desde Madrid por el general Franco. La interpretación de la derecha de la Revolución de Octubre El elemento esencial sobre el que giró la percepción derechista de la Revolución de Octubre fue el considerarla como obra de la «Anti-España», de la Anti-Patria, en una visión mítico-simbólica en la que se identificaba el Bien con la Patria, España, contra la que lucha el Mal, la Anti-Patria o Anti-España, definiendo a la Patria desde un punto de vista esencialista como algo ajeno a la voluntad de los ciudadanos e identificándola con los valores y las ideas de la derecha. José Calvo Sotelo, líder de la derecha antidemocrática de Renovación Española, definió a la Patria en las Cortes como «algo más que un territorio, algo más que una comunidad idiomática. Al vencer a la revolución España se recobró a sí misma. Esta idea de España se concreta en la relación de la Patria con el Ejército, como lo expresó Calvo Sotelo en un discurso célebre que fue pronunciado con motivo de los sucesos de Octubre: En cambio, la acción represiva de las tropas que sofocaron la sublevación es apenas mencionada. Las destrucciones en Asturias, la mártir, y sobre todo en Oviedo, la mártir se atribuían exclusivamente a los revolucionarios. Por último, la derecha antirrepublicana aprovechó la insurrección de las izquierdas para incitar a una revolución auténtica y salvadora para España. Para esta extrema derecha la revolución «rojo-separatista» de Octubre, como la llamaron, fue la comprobación de que la «revolución antiespañola» estaba en marcha y de que sólo podía ser vencida por la fuerza. La interpretación de la izquierda de la Revolución de Octubre. Las izquierdas republicanas y socialistas no condenaron con rotundidad la insurrección, sino que la justificaron alegando que se había permitido la llegada de "los enemigos de la República" al Gobierno. Esto fue motivo suficiente para provocar una enorme polarización ideológica en las elecciones posteriores de febrero de 1936 y sirvió como pretexto para las izquierdas para deslegitimar cualquier opción de centrar la República y atraer a una parte de la derecha católica al sistema, que pudiera asentar el régimen en el futuro. Tampoco fue interpretada la revolución como un fracaso o una equivocación que mereciera autocrítica o corrección, sino que la reivindicaron como un acto de legítima defensa. El propio Indalecio Prieto, ya en el exilio, dejó por escrito que la revolución sólo había servido para "hacer más profundo el abismo político que dividía a España".La represión gubernamental
Se hicieron unos treinta mil prisioneros en toda España. Las cuencas mineras asturianas fueron sometidas a una durísima represión militar, primero (hubo ejecuciones sumarias de presuntos insurrectos), y de la guardia civil, después, encabezada esta última por el comandante Lisardo Doval. Hubo torturas a los detenidos a causa de las cuales murieron varios de ellos. La dura represión fue alentada por una intensa campaña de la prensa de derechas, especialmente el diario antirrepublicano ABC y el católico accidentalista El Debate, exigiendo represalias especialmente por el asesinato a manos de los insurrectos de 34 religiosos y de varios guardias civiles y de paisanos de ideología conservadora. Asimismo fueron detenidos numerosos dirigentes de izquierdas, entre ellos el comité revolucionario socialista encabezado por Francisco Largo Caballero, y los tribunales militares dictaron veinte penas de muerte aunque sólo se ejecutaron dos, gracias a que el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora las conmutó por cadena perpetua, resistiendo la presión de la CEDA y de Renovación Española que reclamaban una represión mucho más dura. Los primeros en ser sometidos a juicio por los tribunales militares fueron el comandante Enrique Pérez Farrás y los capitanes Frederic Escofet y Ricart, quienes habían estado al mando de los Mozos de Escuadra implicados en la insurrección catalana. Fueron condenados a muerte y el gobierno ratificó la sentencia el 17 de octubre, pero el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora logró que el presidente del gobierno Lerroux, después de recordarle que los implicados en la Sanjurjada habían sido amnistiados, refrendara el 31 de octubre la conmutación de las penas de muerte, a pesar de la fuerte oposición de la CEDA (Gil Robles llegó a sondear la posibilidad de una solución de fuerza por parte del ejército para restaurar la «legalidad violada por el presidente de la República) y del partido de Melquiades Álvarez. Los siguientes en ser procesados fueron el presidente de la Generalidad Catalana Lluís Companys y el resto de «consellers» que fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno por «rebelión militar». En cuanto a los revolucionarios de Asturias se dictaron 17 sentencias de muerte, de las que sólo se cumplieron dos (un sargento del ejército que se había pasado al lado de los insurrectos y un obrero acusado de varios asesinatos). Precisamente la conmutación de la pena de muerte a dos de los dirigentes socialistas de la Revolución de Asturias, Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez el 29 de marzo de 1935 provocó una grave crisis en el seno del gobierno pues los tres ministros de la CEDA, el agrario y el liberal-demócrata votaron en contra, y presentaron su dimisión.El bienio conservador o radical-cedista (1933-1936)
Las elecciones de 1933 suponen un giro político dentro de la Segunda República. Comienza un nuevo periodo conocido como bienio conservador o radical-cedista por ser la CEDA y el Partido Radical las fuerzas políticas dominantes.Las elecciones 1933
Los sucesos de Casas Viejas provocaron un fuerte desprestigio del gobierno de Azaña, que al sentirse cuestionado por la izquierda política presentó su dimisión ante el Presidente de la República. Alcalá-Zamora convocó elecciones para noviembre de 1933. Éstas fueron las primeras elecciones generales en las que, cumpliendo con lo establecido en la Constitución, pudieron votar las mujeres. Los republicanos y los socialistas se presentaron por separado, mientras que el centro-derecha se agrupó. Esto, unido a la abstención de las zonas de tradición anarquista, provocó el triunfo de los partidos de centro-derecha y el hundimiento de la izquierda. La CEDA fue el partido con más diputados, seguido del partido radical. Mientras, socialistas y republicanos de izquierda tuvieron que pasar a la oposición. Con la nueva composición de las Cortes, Alcalá-Zamora encargó la formación de gobierno a Lerroux, que contó con el apoyo parlamentario de la CEDA, aunque este partido no formó parte del gobierno.La política contrareformista de Lerroux
El nuevo gobierno inicia un giro conservador manifiesto en varias medidas:- Paralización de la reforma agraria, con la consiguiente expulsión de las tierras que habían ocupado de miles de jornaleros.
- Paralización de la reforma militar y designación para puestos clave de militares claramente antirrepublicanos como Franco, Goded o Mola. Esta nueva política fue completada con una amnistía para los participantes en el golpe de Sanjurjo en 1932.
- Conciliación con la Iglesia Católica.
- Paralización de las reformas educativas. Parón en el programa de construcciones escolares y anulación de la enseñanza mixta.
- Enfrentamiento a los nacionalismos periféricos. Freno al proyecto de Estatuto de Autonomía vasco, presentado por el PNV y enfrentamientos con la Generalitat catalana, que presidía Lluis Companys, dirigente de ERC, desde enero de 1934.
La revolución de 1934
En octubre de 1934 Lerroux decide incluir en su gobierno a tres ministros de la CEDA. Desde que se formó el primer gobierno de Lerroux, y ante el giro conservador de su política, algunos sectores del PSOE planteaban la idea de una insurrección popular contra el gobierno. Ahora, la entrada de la CEDA en el gobierno dio fuerza a estas tendencias, muy influidas además por el contexto internacional. En 1933 Hitler se había hecho con el poder en Alemania y había iniciado la construcción del Estado nazi. En Austria, el canciller Dollfuss había desatado una dura represión contra el movimiento obrero. Para las organizaciones obreras españolas, la entrada de la CEDA en el gobierno significaba un paso más en el avance del fascismo, aunque la CEDA estaba lejos de ser un partido fascista. En este contexto, el PSOE, con el apoyo de comunistas y anarquistas, convoca una huelga revolucionaria que debería desembocar en una insurrección popular. La convocatoria tuvo un seguimiento muy desigual y fue fácilmente controlada por el gobierno. Sin embargo, hubo dos territorios donde las jornadas de octubre tuvieron un especial significado:Asturias Aquí socialistas, comunistas y anarquistas crearon un comité revolucionario, controlaron las principales ciudades de la cuenca minera, cercaron Oviedo y proclamaron la República Socialista. El gobierno tuvo que recurrir a la Legión, dirigida por el general Franco, que después de duros combates consiguió recuperar el control sobre la región. Cataluña La Generalitat de Cataluña seguía controlada por la Esquerra, enfrentada al gobierno conservador que preside Lerroux. El parlamento catalán había aprobado una ley sobre contratos de cultivo que prácticamente convertía a los arrendatarios en propietarios de las tierras que cultivaban. Los propietarios, apoyados por la Lliga, rechazaban esta ley y el gobierno central consiguió que el Tribunal de Garantías Constitucionales la anulase. Ante estos hechos, y como respuesta a la entrada de la CEDA en el gobierno, el presidente Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la Federación Española. El gobierno central respondió bombardeando el Palacio de la Generalitat y suspendiendo la autonomía catalana.
La política agraria de Giménez Ferández y la «contrarreforma» de Nicasio Velayos
El gobierno presidido por Lerroux trató de actuar de una forma moderada, pero las presiones de la derecha y de la izquierda impidieron el desarrollo normal de la legislatura. El cedista Manuel Jiménez Fernández, desde el Ministerio de Agricultura, elaboró una nueva ley de Arrendamientos Rústicos que pretendía convertir en propietarios a los aparceros y a los arrendatarios. Esta acción y la negativa a devolver las tierras expropiadas contaron con la oposición de los más radicales de la CEDA y los agrarios, por lo que fracasó y originó una crisis de gobierno. El nuevo ministro de Agricultura, el cedista Velayos llevó a cabo una clara política de contrarreforma agraria: se devuelven parte de las tierras expropiadas y se descapitalizan los organismos públicos de apoyo a los campesinos.
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