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Hola, somos Alessandro Barrena Saborido, Marta Cabeza Aguilera, Ismael Chico Gómez y Carmen del Pozo Rodríguez,  alumnos/as de Educación Primaria de  la UGR, este es el Blog que hemos creado sin ánimo de lucro, solo con un objetivo didáctico e informativo. En este vamos a tratar el contexto histórico en la II REPÚBLICA  en España, y todo lo relacionado con la educación en este periodo. Aquí os mostramos todos los apartados que vamos a tratar y diferentes medios que se relacionan con esta etapa.

Bandera II REPÚBLICA.

Definición de Educación

Educación

Es un proceso en el que al individuo se le dan unas herramientas y unos conocimientos esenciales para la práctica de la vida cotidiana.

El aprendizaje de una persona empieza en la infancia ingresando en una guardería o colegio, donde un profesional previamente estudiado y educado implantará en el niño/a identidades, valores éticos y culturales para que sea una persona de bien en el futuro.

El proceso educativo no suele ser unidireccional; sino que es interactivo: quienes están aprendiendo, también pueden enseñar. Así el conocimiento se construye de forma

El concepto de educación se define como un proceso a través del cual, los individuos adquieren conocimientos, ya sea habilidades, creencias, valores o hábitos, de parte de otros quienes son los responsables de transmitírselos, utilizando para ello distintos métodos, como por ejemplo, mediante discusiones, narraciones de historias, el ejemplo propiamente dicho, la investigación y la formación.

¿Qué es la educación? por el Dr. Mario Alonso Puig.

Requisitos de un buen maestro

PEDAGOGÍA

El buen maestro

Cada maestro pasa por la vida de sus alumnos provocando impactos en estas, es por ello que es importante tener como referencia a estos profesores ya que nos motivan e inspiran para perseguir y alcanzar nuestros sueños, con el objetivo de tener una mejor sociedad y un buen futuro.

Las cualidades de un buen maestro deben de ser prioritariamente por vocación porque te tramiten una sensación de vitalidad y energía posible en sus clases. Saber escuchar y adaptarse a sus necesidades es un requisito que todo profesor debería tener inculcado en sus clases, además de tener claros sus objetivos y no temer al cambio porque tienen buena facilidad de adaptarse a este.

Un buen maestro desempeña un aprendizaje reciproco con el alumno/a.

Dicho esto, consideramos que además de estas cualidades debe ser:

• Responsable, es decir, justo y equitativo.

• Flexible, esto implica que si la mitad de los alumnos no comprenden un concepto no pueden continuar sin encontrar una mejor explicación para que lo entiendan.

• Compasivo, es imprescindible que pueda distinguir si tus alumnos tienen problemas fuera de las clases y poder solventarlos.

• Creativo, capaz de crear contenidos que motiven y atraigan al alumno.

• Dedicado, implica ir todos los días a clase y tener compromisos con sus alumnos.

• Empático, ponerse en el lugar del alumno y poder ver la cosa desde sus perspectivas.

• Cautivador, capacidad de atraer la atención en el aula de los alumnos y mantenerla el mayor tiempo posible.

De la Ley Moyano (1857) a la II República

De la ley Moyano a la II República Española.

La ley Moyano de 1857 consagró la estructura institucional del sistema educativo, con las características y valores propios del liberalismo moderado tales como: uniformidad, centralización, gratuidad relativa, secularización, limitación de la libertad de enseñanza referida a la libertad de cátedra e indicación de las condiciones a los centros docentes privados, así como la intervención del estado en su funcionamiento. En esta ley la escolarización primaria es obligatoria y gratuita para las familias pobres, que las designaba el alcalde o si los niños podrán estudiar en casa también justificado podrían no asistir a clase. Estos estudios se consideraban la base de todo ciudadano para ser una persona minimamente culta para la sociedad. Los estudios de secundaria eran considerados la entrada para las profesiones. Con la llegada de los progresistas al poder, estos les entregan la educación a la iglesia quitando libertad de cátedra a las universidades lo que dio lugar a la primera cuestión universitaria. Desde la constitución de 1812 se pidió en materia educativa la libertad absoluta de enseñanza y de cátedra frente al monopolio estatal y adoctrinamiento ideológico del poder. Los decretos de Ruíz Zorrilla de Octubre de 1868 son la manifestación más pura de este pensamiento progresista llegándose incluso a afirmar que la enseñanza primaria debía de ser libre y que los estudios secundarios debían de dejar de ser el camino para las universidades y pasar a ser una ampliación de los estudios primarios.que se plasmó en el informe Quintana. Esto se consiguió con la nueva constitución de 1869 exceptuando la libertad de cátedra que sí se nombró en la constitución federal de la República española. Con la llegada del sexenio y el turnismo de partidos la materia de educación se fue turnando dependiendo de que poder gobernara, liberales o conservadores. Todo esto continuó hasta la llegada de la II República, donde la constitución de 1931 estableció el sistema de escuela unificada, enseñanza primaria obligatoria, y gratuita con carácter laico y descentralización en las regiones autónomas. El gobierno provisional de la II República acometió nada más constituirse como tal una profunda reforma educativa. Lo podemos resumir de forma muy expresiva con frases como: “ Ha llegado el momento de redimir a España por la escuela “ , “ el primer deber de toda democracia es resolver el problema de la institución pública “ , “ Urgía igualmente dar al maestro de la nueva sociedad democrática la jerarquía que merece “.

Claudio Moyano y su ley de educación 

La Educación en el gobierno provisional (14 de abril a 9 de diciembre de 1931)

En la II República Marcelino Domingo, maestro y miembro de la masonería y militante del Partido radical-socialista, se hizo cargo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el subsecretario fue el profesor Domingo Barnés, de Izquierda Republicana y director general de Primera Enseñanza, Rodolfo Llopis, militante socialista y miembro de la masonería. Los tres estaban vinculados en su formación académica y profesional a la ILE (Institución Libre de Enseñanza), y su concepción educativa se basaba en ella.

Más y mejores maestros

El problema fundamental en el ámbito educativo de la II República, era la falta de maestros y de escuelas. Había que crear más puestos de maestros y dotarlos económicamente mejor pero, además, había que formar mejores maestros.

Para ello se impulsó la reforma de las Escuelas Normales (Decreto de 29 de septiembre de 1931) que fue uno de los jalones más significativos de la política educativa republicana.

Se establecieron 3 períodos para la formación de los maestros:

• Cultural: Exigencia del bachillerato para acceder a las Escuelas Normales.
• Profesional: Durante tres cursos en las Escuelas Normales.
• Período de práctica docente: Durante un curso escolar, en una escuela primaria nacional, bajo la dirección y orientación del profesorado de la Normal y de la Inspección Primaria.

La formación de los maestros en España alcanzó con esta reforma un alto nivel de exigencia y rigor que no había tenido hasta entonces y que no tendría después de la guerra civil hasta bien entrados los años sesenta.

La labor de la escuela se enriquece y ensancha en su relación con el entorno, con la sociedad. Ese objetivo tenía la creación de los Consejos Universitarios, provinciales, locales y escolares de Primera Enseñanza que aspiraba a establecer la colaboración entre todos los niveles educativos con la implicación  de la Universidad en las actividades escolares desde las clases maternales a las enseñanzas de adultos y. también, establecía que los Consejos Escolares abriesen una relación más estrecha y dinámica entre las escuelas y su entorno inmediato.

En apoyo de las escuelas rurales, aunque también con fines de extensión cultural y de educación ciudadana en aldeas, villas y lugares fueron creadas las misiones pedagógicas. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de estas misiones, las contradicciones que esta iniciativa representaba en relación con la situación de la sociedad española en aquella época se reflejaban en: las necesidades de alimentos, medicinas, apoyos primarios... y estos lugares solo recibían canciones, poemas, etc.

Las necesidades sociales eran incontables y los pobres medios de los cuáles disponían las Misiones Pedagógicas eran insuficientes e inadecuados para satisfacerlas.

La enseñanza en la Constitución republicana

Existen tres aspectos recogidos en la Constitución republicana referidos a la enseñanza:

• Escuela unificada: El término escuela unificada fue introducido en España por Lorenzo Luzuriaga quien la definía de la siguiente forma: "Puede expresar, de un lado, un concepto pedagógico, una nueva concepción de la vida escolar y educativa, y de otro, una fórmula acogida en los programas societarios y políticos en relación con la escuela". Llopis se refirió a los aspectos técnicos de la escuela unificada: "Hay que conseguir que, desde la escuela maternal a la universidad, todas las instituciones que existan en el país se produzcan de tal forma, que estén todas ellas intimamente coordinadas y enlazadas, como si fuesen eslabones de la misma cadena". También planteó el aspecto social de la escuela unificada, es decir, como se pasaba de un nivel educativo a otro. Rechazando que el paso de un nivel a otro se realizase por motivos económicos y se hiciese en relación con la capacidad y vocación de las personas. Rodolfo Llopis también propuso: "La República legislará en el sentido de facilitar a todos los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por la actitud y la vocación".

• Laicismo escolar: El Gobierno provisional era defensor de la libertad religiosa por lo que no podía mantener la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas y, en consecuencia, elaboro el Decreto del 6 de mayo. Según el preámbulo de este Decreto (respeto a la conciencia del niño y del maestro). Se establecía, en la parte dispositiva, que la instrucción religiosa no sería obligatoria en las escuelas primarias y en ningún centro del ministerio; que los alumnos cuyos padres manifestaran el deseo de que aquellos la recibieran, la obtendrían como hasta entonces; y que, cuando los maestros no desearan impartir esa enseñanza, la impartirían los sacerdotes. Esta obligatoriedad venia de atrás, de la Ley Moyano (1857) y del Concordato (1851). Completaba los artículos 3 y 26 de la Constitución republicana el artículo 48, que afirmaba que toda la enseñanza en España sería laica, haciendo del trabajo el eje de la actividad metodológica e inspirándose en ideales de solidaridad humana. Se reconocía a las Iglesias el derecho a enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

• Enseñanza y autonomía regional: Una de las primeras disposiciones del Gobierno provisional fue el restablecimiento del bilingüismo en las escuelas catalanas. En la parte dispositiva del Decreto del 29 de abril de 1931 se establecía lo siguiente: en las escuelas maternales y de párvulos de Cataluña se daría la enseñanza exclusivamente en la lengua materna, fuese catalana o castellana; en las escuelas primarias se daría también la enseñanza en lengua materna, fuese catalana o castellana, y se enseñaría a los alumnos catalanes a partir de los 8 años el conocimiento y la práctica de la lengua española; se facultaba al Seminario de pedagogía de la Universidad de Barcelona para impartir y organizar cursos del perfeccionamiento del catalán. El artículo 50 establecía, entre otras cuestiones, que las regiones autónomas podrían organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas de acuerdo con las facultades que se concediesen es sus Estatutos. sería obligatorio de la lengua castellana, usándose esta como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. el Estado inspeccionaría en todo el territorio nacional.

Exilio de Alfonso XIII, proclamación II República y el primer gobierno de izquierdas.

El general Dámaso Berenguer sustituyó a Miguel Primo de Rivera al frente del Gobierno de la dictadura, el 30 de enero de 1930. El Rey Alfonso XIII encargó a Dámaso Berenguer liderar la transición política al sistema constitucional. De esta manera, la monarquía buscaba su reconciliación con los partidos tradicionales, tras la represión sufrida durante la dictadura. La etapa del Gobierno Berenguer se conocería con el nombre de la 'dictablanda'. Niceto Alcalá Zamora, político conservador y ex-ministro de la monarquía, convocó el 17 de agosto de 1930 a los partidos republicanos y de izquierdas a una reunión para analizar el futuro político de España.

Los líderes del movimiento republicano y socialista pactaron la caída de la monarquía mediante un golpe de Estado. El 12 de diciembre, los capitanes Fermín Galán y García Hernández protagonizaron la sublevación de Jaca. El fracaso de la rebelión supuso la ejecución de los dos caudillos militares y el ingreso en prisión de los tenientes Juan Rubio (de Cartagena) y Joaquín Mellado (de Lorca). El día 15 del mismo mes, el general Queipo de Llano y el aviador Ramón Franco protagonizaron un levantamiento republicano en el aeródromo de Cuatro Vientos, pero también fracasó por falta de apoyo civil y militar. Los dos cabecillas militares lograron la huida al extranjero. El Ejecutivo represalió al Comité Revolucionario republicano mediante el encarcelamiento de la mayoría de sus miembros en la Cárcel Modelo de Madrid. La inestabilidad política provocó la dimisión del presidente Dámaso Berenguer. 

Dámaso Berenguer

El monarca Alfonso XIII designó como nuevo jefe del Gobierno al militar Juan Bautista Aznar, el 18 de febrero de 1931. El encargo principal del Ejecutivo Aznar era la convocatoria de elecciones municipales para el restablecimiento definitivo del sistema constitucional, mediante la elección de alrededor de 80.000 concejales de los Ayuntamientos españoles.
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se desarrollaron con normalidad en toda España desde la apertura de los colegios. 
El día 13 de abril, las autoridades confirmaban la victoria republicana en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona y Valencia) y en 41 de las 50 capitales de provincia 
Los monárquicos obtuvieron la victoria en 19 municipios de la provincia frente a los 10 de los republicanos. Las elecciones no se celebraron en algunas poblaciones por la ausencia de una candidatura alternativa a la monárquica (proclamada ganadora de forma automática). En este caso, el triunfo electoral correspondía a la candidatura única de signo monárquico.
Los resultados parciales de las elecciones señalaban el día 13 de abril una victoria monárquica en número de concejales, 21.150 frente a 5.175, con el escrutinio del 32% de los votos realizado. Sin embargo, los republicanos interpretaron los comicios municipales como un plebiscito popular entre monarquía o república y el resultado como un anhelo unánime de cambio de régimen entre el pueblo español, debido al triunfo de los republicanos en la mayoría de las ciudades. Los líderes republicanos consideraron los resultados electorales en el mundo rural, nulos, por la influencia del caciquismo en muchos pueblos y alrededores. Por la tarde, los republicanos lanzaron un ultimátum al monarca, con el apoyo de la Guardia Civil y parte del Ejército, para que abandonara el país. 

Juan Bautista Aznar

El Rey Alfonso XIII convocó al Gobierno de Juan Bautista Aznar a una reunión urgente para analizar la crisis política. El monarca se mostraba abatido por el resultado electoral en las capitales de provincia. El Gobierno estaba dividido en la respuesta a la crisis: el conde de Romanones proponía la entrega del poder a los republicanos para mantener la paz social, y el ministro murciano Juan de la Cierva apostaba por la continuidad de la monarquía, a la espera de unas elecciones generales. El presidente Aznar y la mayoría de los ministros apostaban por la primera opción, la dimisión.
En la mañana del día 14 de abril, el Rey se reunió con sus ministros y consejeros antes de tomar una decisión definitiva. El conde de Romanones, en nombre del Gobierno de la monarquía, negoció con los republicanos en el domicilio del doctor Gregorio Marañón el cambio de régimen, a cambio de garantizar la seguridad de la Familia Real en su salida de España. Por la tarde, Alfonso XIII presentaba su renuncia al trono, en Consejo de Ministros, debido al varapalo electoral en las ciudades, al ultimátum del Comité Revolucionario republicano y a los consejos del conde de Romanones. El monarca pretendía con su marcha evitar un baño de sangre en España. 
Tras la renuncia del monarca Alfonso XIII al trono de España, el presidente del Comité Revolucionario, Alcalá-Zamora, proclamó el nacimiento de la II República desde el balcón de la Puerta del Sol, a las siete de la tarde, ante la algarabía del pueblo madrileño. "Las elecciones del domingo han tenido un complemento grandioso con el requerimiento que ayer hizo la opinión pública para que el régimen monárquico desaparezca y la implantación en el día de hoy de la República por un acto de voluntad soberana, de iniciativa del país sin el menor trastorno, completando aquella empresa de tal manera, que el mundo entero sentirá y admirará la conducta de España, ya puesta en otras manos con un orden ejemplar", declaró.
Rey Alfonso XIII
Por la noche, el Rey Alfonso XIII partió en coche alrededor de las 21 horas desde el Palacio Real de Oriente en Madrid a la ciudad de Cartagena, escoltado por las fuerzas de seguridad en un convoy de cinco vehículos, para marchar al exilio. En el primero iba la escolta real; en el segundo, el Rey junto a su primo el infante don Alfonso de Orleáns; en el tercero, el ministro de Marina Rivera; y en el cuarto y el quinto, agentes de la Guardia Civil y los equipajes del monarca. El Gobierno provisional de la II República emitió un comunicado al pueblo cartagenero "para que procurase guardar el mayor respeto al monarca y se abstuviera de manifestaciones callejeras".

Proclamación II República Española

El primer gobierno de izquierdas

El primer bienio de la Segunda República Española o bienio social-azañista, también conocido como bienio reformista o bienio transformador, constituye la etapa de la Segunda República en la que el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas (Frente Popular) presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras aprobarse la Constitución de 1931 y tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como presidente del Gobierno. 
Pero todo el amplio abanico de reformas encontró gran resistencia por parte de los grupos sociales y corporativos a los que las reformas intentaban "descabalgar" de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica, el militarismo “africanista”.

Cuestión Religiosa

El momento de mayor confrontación entre el gobierno de Azaña y la Iglesia católica fue con motivo de la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, cuyo debate en las Cortes tuvo lugar en los primeros meses de 1933. Los cardenales y obispos españoles, encabezados por el nuevo cardenal primado Isidro Gomá y Tomás, publicaron una carta episcopal que consideraba la ley “un duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia” y en la que llamaban a la movilización de los católicos. El 3 de junio, al día siguiente de la promulgación de la ley, se hacía pública una encíclica del papa Pío XI (Dilectissima Nobis) en la que condenaba el «espíritu anticristiano» del régimen español, afirmando que la ley de Congregaciones «nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia». 

Lo que hacía la ley de Congregaciones era desarrollar los artículos 26 y 27 de la Constitución: reglamentaba el culto público católico; suprimía la dotación de «culto y clero» del Estado; nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico (templos, monasterios, seminarios, etc.) aunque quedaban a disposición de la Iglesia; y por último, establecía el cierre de los centros de enseñanza católicos de secundaria para el 1º de octubre y los de primaria para el 31 de diciembre de 1933.

Política educativa

Una de las prioridades del Gobierno Provisional ya había sido la construcción de escuelas primarias públicas, para poner fin a una de las lacras de la sociedad española, el todavía elevado analfabetismo. Las necesidades de escuelas primarias estatales aumentaron todavía más cuando se aprobó la ley de Congregaciones que había establecido el cierre de los colegios de primaria religiosos para el 31 de diciembre de 1933, y el cálculo que había hecho el ministerio era que para atender a los 350 000 niños de esos colegios sería necesario construir a toda prisa unas 7000 escuelas más. 

En el verano de 1933 el gobierno de Azaña puso en marcha «el más notable de sus experimentos» educativos: las misiones pedagógicas. Era una iniciativa del crítico de arte Manuel Bartolomé Cossío, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, que quería llevar «el aliento del progreso» a los pueblos más aislados y atrasados de España. Así profesores y estudiantes, la mayoría de ellos de la Universidad de Madrid, se fueron a las aldeas con reproducciones de pinturas célebres y con discos y películas, y sobre escenarios improvisados representaban obras de teatro de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. Asimismo llevaban libros y medicinas y ayudaban a construir escuelas. En este proyecto también participó el grupo teatral La Barraca, creado por Federico García Lorca.
La potenciación de la coeducación, además de que la religión dejó de ser asignatura obligatoria, agudizó el enfrentamiento con la Iglesia. También hubo interesantes proyectos en el campo educacional, contando con el antecedente de la labor de la Institución Libre de Enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios (modernización de la Universidad, ampliación de los centros y alumnos de bachillerato) e importantes realizaciones en el campo cultural (bibliotecas ambulantes, misiones pedagógicas). Se trató, pues, de la acción más decidida de la historia del país hasta entonces por mejorar la educación española. Y esto no solo fue en inversiones, sino también intentando introducir mejoras pedagógicas y dando paso a las nuevas corrientes en esta materia.

Segundo bienio de la II República

Elecciones de noviembre de 1933

El presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora decidió resolver la crisis planteada por la disolución de la coalición republicano-socialista que había sustentado al gobierno de Manuel Azaña durante el primer bienio con la disolución de las Cortes elegidas en junio de 1931, porque creyó que éstas ya no representaban a la opinión pública dominante en ese momento después de las fuertes reacciones y tensiones que se habían vivido en España como consecuencia de la política reformista emprendida por el gobierno social-azañista, y por esta razón buscó «orientación y armonía definitiva, acudiendo a la consulta directa de la voluntad general», tal como decía en el preámbulo del decreto de convocatoria de las elecciones. La nueva ley electoral aprobada el 27 de julio de 1933 introdujo algunos cambios respecto a la que se aplicó en las elecciones anteriores de junio de 1931: se elevó al 40 % la cantidad de votos requerida por una candidatura para triunfar en la primera vuelta, mientras que en la segunda, que se celebraría si ningún candidato llegaba a esa cifra, sólo podían participar quienes hubiesen alcanzado el 8 % de los votos. Además se posibilitó el cambio en la composición de las candidaturas entre la primera y la segunda vueltas. Pero se mantuvo lo esencial: era un sistema electoral mayoritario de listas abiertas que premiaba a las candidaturas que obtuvieran más votos, por lo que los partidos que consiguieran presentarse en coalición conseguían un mayor número de diputados que si se presentaban en solitario.

Los partidos

Partidos de derechas

A diferencia de las elecciones constituyentes de junio de 1931, las derechas no republicanas formaron una coalición electoral que se formalizó el 12 de octubre de 1933 con el nombre de Unión de Derechas y Agrarios, en la que se integraron la CEDA, como partido hegemónico, el Partido Agrario, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y la Comunión Tradicionalista, además de algunos independientes agrarios y católicos. A pesar de sus diferencias ideológicas y tácticas, consiguieron elaborar un programa mínimo que constaba de tres puntos y que plasmaba los tres ejes sobre los que había girado su política de confrontación con los gobiernos de Manuel Azaña durante el primer bienio en defensa del orden y de la religión: revisión de la Constitución de 1931 y de la legislación reformista del primer bienio, especialmente la social y la religiosa; abolir la Ley de Reforma Agraria de 1932, y declarar una amnistía por delitos políticos, lo que suponía sacar de la cárcel a todos los condenados por el intento de golpe de Estado de agosto de 1932 encabezado por el general Sanjurjo, así como la liberación de los insurrectos anarquistas y otros presos políticos. Durante la campaña la CEDA hizo un gran despliegue de propaganda gracias a la financiación que obtuvo muy por encima del resto de los partidos que concurrían a las elecciones. En el manifiesto de la Coalición antimarxista publicado por el diario católico El Debate el 1 de noviembre, se definía la política aplicada por los gobiernos republicano-socialistas del primer bienio como marxista, con su concepción materialista y anticatólica de la vida y de la sociedad y su antiespañolismo por lo que los candidatos de la coalición antimarxista defenderán resueltamente y a todo trance la necesidad de una inmediata derogación, por la vía que en cada caso proceda, de los preceptos, tanto constitucionales como legales, inspirados en designios laicos y socializantes.

Partido de derechas Lerroux

Por su parte el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que había encabezado la oposición a los gobiernos de Manuel Azaña durante el año 1933, esperaba recoger los frutos de esa campaña y se presentó como una opción de centro, con su propuesta de «República, orden, libertad, justicia social, amnistía».Para ello pactó con otros grupos republicanos de centro-derecha (el Partido Republicano Liberal Demócrata de Melquiades Álvarez y el Partido Republicano Progresista, el partido del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora) y con la CEDA y el Partido Agrario en las circunscripciones donde fue necesario celebrar segunda vuelta.

Partidos de izquierdas

En cambio, los republicanos de izquierda y los socialistas, que se habían presentado en coalición en las elecciones constituyentes de 1931, ahora lo hicieron por separado. En el PSOE se impuso la postura de Largo Caballero de romper completamente las relaciones con los republicanos, frente a la posición favorable a la coalición defendida por Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos.

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

La CNT desplegó una campaña sin precedentes a favor de la abstención, con insultos al animal elector incluidos y con descalificaciones a derecha e izquierda. Su alternativa era la insurrección si ganaban las tendencias fascistas las elecciones e instaurar el comunismo libertario.

Los resultados

El resultado de las elecciones de noviembre de 1933, en las que votaron por primera vez las mujeres (6 800 000 censadas), fue la derrota de los republicanos de izquierda y de los socialistas y el triunfo de la derecha y del centroderecha, debido fundamentalmente a que los partidos de esa tendencia se presentaron unidos formando coaliciones, mientras que la izquierda se presentó dividida.

Resultados de la derecha

La coalición de la derecha no republicana obtuvo en torno a los 200 diputados (de los cuales 115 eran de la CEDA, 30 de los agrarios, 20 de los tradicionalistas, 14 de los alfonsinos de Renovación Española y 18 independientes de derecha, más dos fascistas, uno de Falange Española y otro del Partido Nacionalista Español), mientras que el centro-derecha y el centro obtuvieron unos 170 diputados (102 de Partido Republicano Radical, 9 de los liberal-demócratas, y 3 de los progresistas; 11 del PNV; 24 Lliga Regionalista; Partido Republicano Gallego, 6; Partido Republicano Conservador, 17).

Resultados de la izquierda

La izquierda vio reducida su representación a apenas un centenar de parlamentarios (59 el PSOE; 17 ERC; USC 3; Acción Republicana, 5; federales 4; Partido Republicano Radical Socialista Independiente 3). Se había producido un vuelco espectacular respecto de las Cortes Constituyentes, aunque el parlamento volvía a estar muy atomizado y se hacían necesarios los pactos para asegurar la gobernabilidad Según el testimonio del radical Diego Martínez Barrio, los principales dirigentes de los republicanos de izquierda encabezados por Manuel Azaña nada más conocerse los resultados electorales presionaron al presidente de la República Alcalá-Zamora para que convocara nuevas elecciones antes de que se constituyeran las Cortes recién elegidas. Sin embargo, la sesión de apertura de las nuevas Cortes se celebró con normalidad el 8 de diciembre de 1933 presidida por Alcalá Zamora. Como ha señalado el historiador Santos Juliá, «el resultado de las elecciones fue un realineamiento espectacular del sistema de partidos, buena muestra de lo lejos que la República estaba aún de ser una democracia consolidada»

Cambios que trajo los resultados

El cambio más notable fue la irrupción en la escena parlamentaria de la CEDA, la derecha católica accidentalista que no había declarado su lealtad a la República y que se convirtió en la mayor minoría de las Cortes. Otros partidos de la derecha o del centro-derecha (Agrarios, Conservadores, Lliga, Progresistas y Liberal-demócratas) obtuvieron resultados aceptables, convirtiéndose en piezas imprescindibles para la formación de gobierno. El otro cambio trascendental para el sistema de partidos fue la incuestionable derrota de la izquierda republicana y el duro correctivo sufrido por los socialistas, que se habían presentado en solitario a las elecciones con la aspiración de obtener una mayoría suficiente que les permitiese gobernar y transformar de forma pacífica la república «burguesa» en una «república socialista».También, señalar que la posición central la ocupaba el Partido Radical. Se ha discutido mucho sobre hasta qué punto el triunfo de la derecha y del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 se debió al voto de las mujeres, supuestamente muy influenciadas por la Iglesia católica, y a la campaña abstencionista de la CNT que habría restado votos a los partidos de izquierda. Los historiadores han descartado estas dos causas. La causa fundamental de la derrota de las izquierdas y del triunfo de las derechas fue que las primeras se presentaron desunidas y las segundas unidas, todo lo contrario de lo había sucedido en las elecciones de 1931.

El primer problema: la insurrección anarquista de diciembre de 1933.

Aún no se había constituido el nuevo gobierno, cuando estalló la tercera insurrección anarquista de la historia de la República, y como las dos anteriores del primer bienio también resultó un completo fracaso. La decisión se había tomado nada más conocerse el resultado de la primera vuelta de las elecciones de noviembre de 1933 en un Pleno Nacional de la CNT del que salió un comité revolucionario encargado de organizarla y compuesto, entre otros, por Buenaventura Durruti y otros miembros de la FAI. El mismo día en que se abrieron las nuevas Cortes, el 8 de diciembre, el gobernador civil de Zaragoza ordernó cerrar los locales de la CNT como medida preventiva y desplegar las fuerzas de orden público por las calles, pero eso no evitó que por la tarde y durante los siguientes próximos días los tiroteos y los enfrentamientos entre policías y revolucionarios que querían implantar el comunismo libertario se extendieran, en una ciudad paralizada por la huelga, muriendo personas desde el primer día. El día 14 fue declarado el Estado de Guerra e intervino el Ejército para restablecer el orden, mientras guardias de asalto conducían los tranvías, escoltados por los soldados. El día 15 la CNT dio la orden de volver al trabajo y al día siguiente la policía detenía al comité revolucionario. Al final Durruti fue detenido después en Barcelona.

La cuestión militar

La reforma militar de Azaña se mantuvo aunque los tres gobiernos radicales tuvieron una gestión muy contraria de la etapa de Azaña. El ministro de la Guerra Diego Hidalgo intentó atraerse a los militares descontentos, sobre todo a los africanistas, concediendo ascensos para puestos vacantes que deberían haberse eliminado. Así fueron promocionados militares de dudosa lealtad a la República, como el general Franco, a quien acabaría encomendando, contra la opinión del resto del gabinete, la dirección de las operaciones militares contra los sublevados en la Revolución de Asturias de 1934, o el general Goded, implicado en el fracasado golpe de Estado de agosto de 1932 encabezado por el General Sanjurjo. En verano de 1934, el ejército, aunque era partidario de un sistema político más conservador no tenía la perspectiva de pronunciarse violentamente contra la República ni de anular las libertades de expresión, reunión y manifestación, como acreditó el fracaso de la "Sanjurjada".

La cuestión religiosa

• La primera batalla de la política religiosa de los gobiernos radicales se centró en los haberes del clero. El gobierno era consciente de que si se aplicaba estrictamente la Constitución de 1931, según la cual el presupuesto del clero tendría que ser suprimido durante el ejercicio de 1934, se dejaría a los párrocos más pobres (los rurales) sin ingresos. Por su parte la derecha monárquica exigía el restablecimiento del presupuesto del clero de 1931 en su totalidad.
• La segunda batalla de la política religiosa se desarrolló en el campo de la enseñanza. El gobierno radical era consciente de que la sustitución de las escuelas privadas religiosas por escuelas públicas, prevista para enero de 1934 en el caso de la enseñanza primaria, planteaba graves problemas administrativos y presupuestarios a la vista de la falta de dinero, escuelas y maestros. Los radicales no eran exactamente unos «títeres» de la derecha, como afirmaba la izquierda, lo demostró el nuevo plan de bachillerato que en el verano de 1934 presentó Filiberto Villalobos, ministro de educación del gobierno Samper, un plan que estaba inspirado en la pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza que por ello enfureció a la CEDA, además de porque, en cumplimiento de la Constitución de 1931, excluía la enseñanza de la religión. Aunque El Socialista acusó a Villalobos de consentir que el Ministerio fuera invadido por los jesuitas, el gasto en educación en los años 1934 y 1935 aumentó por encima incluso del nivel del primer bienio.
• El último aspecto de la política religiosa de los gobiernos radicales fue, a la vez, el que llevaron más en secreto: el intento de negociar un concordato con el Vaticano. El gobierno de Lerroux ya manifestó en su presentación que algún tipo de acuerdo con Roma era fundamental, aunque sin incluir la revisión de la Constitución, para poder integrar dentro de la República no sólo a la derecha católica accidentalista sino a la gran mayoría de los católicos. Tras la derrota de la Revolución de octubre de 1934 la postura intransigente del Vaticano y de la jerarquía eclesiástica española se acentuó por lo que el acuerdo fue ya imposible. Se apostó todo a que la CEDA ocupara la presidencia del gobierno y cambiara la Constitución.

La cuestión social: la presión patronal y la ofensiva de la CNT y la UGT

Las reformas socio-laborales de Largo Caballero fueron parcialmente rectificadas bajo la presión de las organizaciones patronales, además de que a los radicales tampoco les agradaban. Sin embargo, ni la Ley de Contratos de Trabajo ni la de Jurados Mixtos fueron derogadas, si se comenzó a discutir su reforma, pero en el caso de estos últimos los presidentes nombrados por el gobierno empezaron a fallar más favorablemente a los patronos. El motivo fundamental de no llevar adelante completamente la contrarreforma laboral que demandaban los empresarios fue que los sindicatos aún conservaron una gran capacidad de movilización lo que se tradujo en una creciente oleada de huelgas a lo largo de 1934 que por primera vez desde la proclamación de la República eran convocadas por comités conjuntos de UGT y CNT. Esto fue lo que obligó al gobierno a mantener los jurados mixtos para intentar acabar con las huelgas con resoluciones de los mismos que dieran al menos parcialmente la razón a los trabajadores. Esto hizo que aumentara el descontento de los patronos con los gobiernos del Partido Radical al que acusaban de debilidad y de haber traicionado a los que les habían votado.

La cuestión agraria: la ofensiva de los propietarios y la huelga general campesina de junio.

Cirilo del Río Rodríguez, que estuvo en los tres gabinetes radicales al frente del Ministerio de Agricultura, respetó el ritmo previsto de aplicación de la Ley de Reforma Agraria por lo que en 1934 se asentaron más campesinos que durante todo el bienio anterior, expropiándose de muchas más propiedades, aunque la Ley de Amnistía aprobada en abril de 1934 le devolvió a la nobleza una parte de las tierras que le había confiscado el gobierno de Azaña por la implicación de algunos de sus miembros en la Sanjurjada. Pero el objetivo principal de la política de Cirilo del Río era desmontar el «poder socialista» en el campo, para lo que anuló o modificó sustancialmente los decretos agrarios del Gobierno Provisional. Además, en febrero de 1934 no se prorrogó el Decreto de Intensificación de Cultivos por lo que una gran cantidad de familias fueron desalojadas de las parcelas que cultivaban en fincas que mantenían tierras incultas. Asimismo se aumentaron las facilidades para el desahucio de los arrendatarios que no cumplieran con los plazos de pago establecidos en los contratos. La derogación de facto del decreto de Términos Municipales y la reforma de los Jurados Mixtos agrarios (cuyos presidentes nombrados por el gobierno se inclinaron cada vez más a favor de los patronos) les permitió a los propietarios volver a gozar de una casi completa libertad de contratación de los jornaleros que necesitaran y poder tomar represalias contra sus organizaciones. Como consecuencia de todo ello los salarios agrícolas, que habían aumentado durante el primer bienio, volvieron a caer. Presionada por sus bases y aun sin contar con la aprobación de la ejecutiva nacional de UGT (que estaba preparando una huelga general revolucionaria de ámbito nacional), la FNTT convocó la huelga de jornaleros para el 5 de junio de 1934, momento en que iba empezar la cosecha, en defensa de las conquistas sociales del primer bienio (en contratos, empleo, salarios, reconocimiento de sindicatos, jurados mixtos), y esperando que los obreros de las ciudades les seguirían pero estos no se unieron. La huelga afectó a municipios de Andalucía, Extremadura y La Mancha, y a otras provincias. Duró de cinco a quince días, dependiendo del grado de implantación socialista en cada lugar. Fue la mayor huelga agraria de la historia española.

La cuestión regional

Los tres primeros gobiernos del Partido Republicano Radical neutralizaron el impulso estatutario propio del Estado integral definido en la Constitución de 1931 (que según la CEDA suponía un peligro de desintegración de la patria), lo que provocó graves tensiones allí donde los procesos de autonomía ya estaban en marcha. La paralización del Estatuto vasco y el conflicto por el concierto económico. En febrero de 1934 se paralizó el proceso de aprobación del estatuto de autonomía del País Vasco, cuando un diputado tradicionalista vasco planteó la exclusión de Álava de la autonomía vasca alegando que allí no se había alcanzado la mayoría necesaria (el 50 %) en el referéndum celebrado el 3 de noviembre de 1933 (un hecho que se había producido precisamente por la oposición de los carlistas al estatuto vasco). El 12 de junio los diputados del PNV se retiraron de las Cortes como protesta por la paralización de la tramitación de su Estatuto y en solidaridad con Esquerra Republicana de Cataluña que también había retirado los suyos después del que el Tribunal de Garantías Constitucionales anulase la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el parlamento catalán. En el verano de 1934 surgió un conflicto en torno al Concierto Económico (el gobierno central pretendía modificar el régimen fiscal específico que tenía el comercio del vino en el País Vasco) lo que provocó una rebelión institucional de los ayuntamientos. La iniciativa corrió a cargo del ayuntamiento de mayoría republicano-socialistas de Bilbao y el liderazgo del movimiento lo ostentó el alcalde de San Sebastián, el republicano Fernando Sasiain (que en agosto de 1930 había presidido la reunión del Pacto de San Sebastián celebrada en la sede de su partido), y fue secundada por el resto de municipios vascos, muchos de ellos gobernados por el PNV. El punto clave del conflicto fueron las elecciones convocadas por los municipios de las tres provincias vascas sin la aprobación de las Cortes. El conflicto con la Generalidad de Cataluña por la Ley de Contratos de Cultivo.
El conflicto con la Generalidad de Cataluña (presidida por Lluís Companys que había sustituido a Francesc Macià fallecido en la Navidad de 1933) fue a propósito de la promulgación el 14 de abril de 1934 de la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el parlamento catalán, que posibilitaba a los arrendatarios de viñedos (rabassaires) la compra de las parcelas tras cultivarlas durante quince años. Los propietarios protestaron y consiguieron con el apoyo de la Lliga Regionalista que el Gobierno llevara la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. El 8 de junio la declaró anticonstitucional porque el parlamento catalán se había excedido en las competencias que le atribuía el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 La respuesta de la Generalidad de Cataluña fue retirar de las Cortes Generales a los 18 diputados de la Esquerra Republicana de Cataluña, acompañados de los 12 del PNV, y proponer al Parlamento de Cataluña una ley idéntica que fue aprobada el 12 de junio, lo que constituía un grave desafió al gobierno y al Tribunal de Garantías Constitucionales. A partir de ese momento el gobierno Samper intentó negociar con el de la Generalidad a lo largo del verano para intentar llegar a un acuerdo, pero la CEDA lo acusó de falta de energía en la cuestión rabassaire y acabó retirándole su apoyo, lo que abriría la crisis de octubre de 1934.

La Revolución de octubre de 1934

A la vuelta de las vacaciones parlamentarias, y antes de que se reunieran el 1 de octubre, la CEDA anunció que retiraba su apoyo al gobierno de Ricardo Samper y exigía la entrada en el mismo. En la sesión de apertura del 1 de octubre Samper intentó defender su gestión, pero la CEDA no lo apoyó por lo que tuvo que presentar su dimisión. Entonces el presidente de la República se encontró con un grave problema político pues los republicanos de izquierda le presionaron para que disolviera las Cortes, convocaran nuevas elecciones y no consumara la traición que suponía «el hecho monstruoso de entregar el gobierno de la República a sus enemigos. Pero Alcalá Zamora se atuvo a las reglas de los sistemas democráticos y propuso a Alejandro Lerroux de nuevo como presidente de un gobierno que incluiría a tres ministros de la CEDA (Manuel Giménez Fernández en Agricultura; Rafael Aizpún en Justicia; y José Oriol Anguera de Sojo en Trabajo). La composición del nuevo gobierno se hizo pública el día 4 de octubre. Los socialistas cumplieron su amenaza de que desencadenarían la revolución si la CEDA accedía al gobierno y convocaron la huelga general revolucionaria que comenzaría a las 0 horas del día 5 de octubre.

La radicalización de los socialistas

Los socialistas desde su expulsión del gobierno en septiembre de 1933 y su ruptura con los republicanos, y especialmente tras la derrota en las elecciones de noviembre de 1933, cambiaron de estrategia para alcanzar el socialismo: abandonaron la «vía parlamentaria» y optaron por la vía insurreccional para la toma del poder. Para muchos socialistas la lucha legal, el reformismo y la República parlamentaria ya no servían, convirtiéndose la revolución social en su único objetivo. Así lo justificó en enero de 1934 Francisco Largo Caballero, el líder socialista que protagonizó este cambio de orientación Así pues, «los socialistas no pretendían con sus anuncios de revolución defender la legalidad republicana contra un ataque de la CEDA, sino responder a una supuesta provocación con objeto de avanzar hacia el socialismo. Al menos al principio, la huelga general revolucionaria proyectada por los socialistas también era una forma de defensa de la ‘legitimidad’ republicana frente a la ‘legalidad’ detentada por el Gabinete radical-cedista (cuando éste se formara), de insurrección defensiva destinada tanto a proteger a las masas trabajadoras del fascismo como a corregir el rumbo de la República burguesa hacia la orientación revolucionaria a la que nunca había renunciado el movimiento obrero español. Sin embargo, al abandonar la vía parlamentaria, «los socialistas demostraron idéntico repudio del sistema institucional representativo que habían practicado los anarquistas en los años anteriores. El primer paso de la nueva estrategia se produjo en enero de 1934 cuando Francisco Largo Caballero, el dirigente socialista que defendía la vía insurreccional, y sus partidarios desalojaron de la comisión ejecutiva de UGT a Julián Besteiro y a otros dirigentes socialistas contrarios a la estrategia revolucionaria (poco después hicieron lo mismo con la dirección besteirista de la FNTT). Así Largo Caballero acumuló en ese momento los cargos de presidente del PSOE con el de secretario general de la UGT, además de ser el líder más aclamado por las Juventudes Socialistas y las consecuencias de este hecho estaban claras, según Largo Caballero: Nada más producirse la derrota de los moderados besteiristas se formó una Comisión Mixta presidida por Largo Caballero e integrada por dos representantes del PSOE, dos de la UGT y dos de las Juventudes Socialistas, cuya misión era organizar la huelga general revolucionaria y el movimiento insurreccional armado que estaría protagonizado por las milicias socialistas y que contaría con la complicidad de algunos mandos militares. Inmediatamente la Comisión Mixta convocó en Madrid a delegaciones de las provincias que recibieron instrucciones de formar comités revolucionarios a nivel local coordinados por las Juntas Provinciales, y a las que se les dijo que el triunfo de la revolución descansará en la extensión que alcance y la violencia con que se produzca. Asimismo, deberían constituirse, además de grupos de sabotaje de los servicios como electricidad, gas o teléfonos, milicias integradas por los individuos más decididos y que recibirían instrucción militar de los jefes a los que deberían obedecer. Las armas las obtendrían apoderándose de los depósitos militares. La Comisión Mixta encargó a Indalecio Prieto la preparación militar del movimiento, con el avituallamiento de armas y la captación de la oficialidad en los cuarteles como principales cometidos Por otro lado los socialistas apoyaron la creación de Alianzas Obreras en las que se integraron pequeñas organizaciones proletarias, como Izquierda Comunista o el Bloque Obrero y Campesino, que eran las primeras que habían propuesto la idea de formar alianzas antifascistas, pero no la CNT, y sólo muy al final el reducido Partido Comunista de España, que hasta entonces las había combatido con dureza. La ocasión se planteó a la vuelta de las vacaciones parlamentarias que finalizaban el 1 de octubre de 1934 cuando la CEDA hizo saber que retiraba su apoyo al gobierno de centro-derecha de Samper y que exigía formar parte del gobierno. Alcalá Zamora encargó la resolución de la crisis al líder del Partido Radical Alejandro Lerroux que accedió a la demanda cedista y formó el nuevo gobierno el 4 de octubre con la inclusión de tres ministros de la CEDA. Ese mismo día el comité revolucionario socialista convocó la huelga general revolucionaria que se iniciaría a las 0 horas del día 5 de octubre.

La huelga insurreccional

La anunciada huelga general revolucionaria se inició el día 5 de octubre y fue seguida prácticamente en casi todas las ciudades (no así en el campo, que acababa de salir de su propia huelga), pero la insurrección armada quedó reducida, salvo en Asturias, a algunos tiroteos y ninguna población importante quedó en poder de los revolucionarlos. En Madrid algunos insurrectos intentaron ocupar el Ministerio de la Gobernación y algunas instalaciones militares, pero no lo consiguieron, aunque los tiroteos, algunos de cierta intensidad, se mantuvieron hasta el día 8 de octubre, en que fueron detenidos casi todos los miembros del Comité revolucionario socialista. En todos los lugares, excepto en Asturias, fracasó la insurrección porque los militantes socialistas comprometidos estuvieron a la espera de que se abrieran las puertas de los cuarteles y los soldados se unieran al pueblo revolucionario, pero eso no se produjo nunca. Al contrario, el Ejército al proclamar el gobierno el estado de guerra es el que protagonizó el restablecimiento del orden. En realidad la insurrección careció de una auténtica planificación, política y militar. La revolución también fracasó porque no contó con el apoyo de la CNT, salvo en Asturias, y porque tampoco pudo contar con los jornaleros del campo, exhaustos y desorganizados tras las desastrosas movilizaciones de la primavera.

La Revolución de Asturias

En Asturias, a diferencia del resto de España donde el movimiento insurreccional fracasó, sí se produjo un auténtico conato de revolución social: el «Octubre Rojo». Las razones de la diferencia asturiana hay que buscarlas en que allí la CNT sí se sumó a la Alianza Obrera junto con la organización obrera hegemónica la UGT (el Partido Comunista de España se incorporó muy tardíamente después de haber combatido la Alianza durante meses), y en que la insurrección fue preparada minuciosamente, con convocatorias de huelgas generales previas, y el aprovisionamiento de armas y de dinamita obtenidas mediante pequeños robos en las fábricas y en las minas, además del adiestramiento de grupos de milicias. La insurrección comenzó en la noche del 5 al 6 de octubre cuando las milicias obreras integradas por unos 20 000 obreros, en su mayoría mineros, se hicieron rápidamente con el control de las cuencas del Nalón y del Caudal y a continuación se apoderaron de Gijón y de Avilés y entraron en la capital Oviedo. El 10 de octubre desembarcaban en Gijón tropas coloniales (dos batallones de legionarios y dos de regulares procedentes de África, al mando del coronel Yagüe), mientras que desde Galicia alcanzaba Oviedo una columna al mando el general Eduardo López Ochoa. Toda la operación estaba siendo dirigida desde Madrid por el general Franco. La interpretación de la derecha de la Revolución de Octubre El elemento esencial sobre el que giró la percepción derechista de la Revolución de Octubre fue el considerarla como obra de la «Anti-España», de la Anti-Patria, en una visión mítico-simbólica en la que se identificaba el Bien con la Patria, España, contra la que lucha el Mal, la Anti-Patria o Anti-España, definiendo a la Patria desde un punto de vista esencialista como algo ajeno a la voluntad de los ciudadanos e identificándola con los valores y las ideas de la derecha. José Calvo Sotelo, líder de la derecha antidemocrática de Renovación Española, definió a la Patria en las Cortes como «algo más que un territorio, algo más que una comunidad idiomática. Al vencer a la revolución España se recobró a sí misma. Esta idea de España se concreta en la relación de la Patria con el Ejército, como lo expresó Calvo Sotelo en un discurso célebre que fue pronunciado con motivo de los sucesos de Octubre: En cambio, la acción represiva de las tropas que sofocaron la sublevación es apenas mencionada. Las destrucciones en Asturias, la mártir, y sobre todo en Oviedo, la mártir se atribuían exclusivamente a los revolucionarios. Por último, la derecha antirrepublicana aprovechó la insurrección de las izquierdas para incitar a una revolución auténtica y salvadora para España. Para esta extrema derecha la revolución «rojo-separatista» de Octubre, como la llamaron, fue la comprobación de que la «revolución antiespañola» estaba en marcha y de que sólo podía ser vencida por la fuerza. La interpretación de la izquierda de la Revolución de Octubre. Las izquierdas republicanas y socialistas no condenaron con rotundidad la insurrección, sino que la justificaron alegando que se había permitido la llegada de "los enemigos de la República" al Gobierno. Esto fue motivo suficiente para provocar una enorme polarización ideológica en las elecciones posteriores de febrero de 1936 y sirvió como pretexto para las izquierdas para deslegitimar cualquier opción de centrar la República y atraer a una parte de la derecha católica al sistema, que pudiera asentar el régimen en el futuro. Tampoco fue interpretada la revolución como un fracaso o una equivocación que mereciera autocrítica o corrección, sino que la reivindicaron como un acto de legítima defensa. El propio Indalecio Prieto, ya en el exilio, dejó por escrito que la revolución sólo había servido para "hacer más profundo el abismo político que dividía a España".

La represión gubernamental

Se hicieron unos treinta mil prisioneros en toda España. Las cuencas mineras asturianas fueron sometidas a una durísima represión militar, primero (hubo ejecuciones sumarias de presuntos insurrectos), y de la guardia civil, después, encabezada esta última por el comandante Lisardo Doval. Hubo torturas a los detenidos a causa de las cuales murieron varios de ellos. La dura represión fue alentada por una intensa campaña de la prensa de derechas, especialmente el diario antirrepublicano ABC y el católico accidentalista El Debate, exigiendo represalias especialmente por el asesinato a manos de los insurrectos de 34 religiosos y de varios guardias civiles y de paisanos de ideología conservadora. Asimismo fueron detenidos numerosos dirigentes de izquierdas, entre ellos el comité revolucionario socialista encabezado por Francisco Largo Caballero, y los tribunales militares dictaron veinte penas de muerte aunque sólo se ejecutaron dos, gracias a que el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora las conmutó por cadena perpetua, resistiendo la presión de la CEDA y de Renovación Española que reclamaban una represión mucho más dura. Los primeros en ser sometidos a juicio por los tribunales militares fueron el comandante Enrique Pérez Farrás y los capitanes Frederic Escofet y Ricart, quienes habían estado al mando de los Mozos de Escuadra implicados en la insurrección catalana. Fueron condenados a muerte y el gobierno ratificó la sentencia el 17 de octubre, pero el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora logró que el presidente del gobierno Lerroux, después de recordarle que los implicados en la Sanjurjada habían sido amnistiados, refrendara el 31 de octubre la conmutación de las penas de muerte, a pesar de la fuerte oposición de la CEDA (Gil Robles llegó a sondear la posibilidad de una solución de fuerza por parte del ejército para restaurar la «legalidad violada por el presidente de la República) y del partido de Melquiades Álvarez. Los siguientes en ser procesados fueron el presidente de la Generalidad Catalana Lluís Companys y el resto de «consellers» que fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno por «rebelión militar». En cuanto a los revolucionarios de Asturias se dictaron 17 sentencias de muerte, de las que sólo se cumplieron dos (un sargento del ejército que se había pasado al lado de los insurrectos y un obrero acusado de varios asesinatos). Precisamente la conmutación de la pena de muerte a dos de los dirigentes socialistas de la Revolución de Asturias, Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez el 29 de marzo de 1935 provocó una grave crisis en el seno del gobierno pues los tres ministros de la CEDA, el agrario y el liberal-demócrata votaron en contra, y presentaron su dimisión.

El bienio conservador o radical-cedista (1933-1936)

Las elecciones de 1933 suponen un giro político dentro de la Segunda República. Comienza un nuevo periodo conocido como bienio conservador o radical-cedista por ser la CEDA y el Partido Radical las fuerzas políticas dominantes.

Las elecciones 1933

Los sucesos de Casas Viejas provocaron un fuerte desprestigio del gobierno de Azaña, que al sentirse cuestionado por la izquierda política presentó su dimisión ante el Presidente de la República. Alcalá-Zamora convocó elecciones para noviembre de 1933. Éstas fueron las primeras elecciones generales en las que, cumpliendo con lo establecido en la Constitución, pudieron votar las mujeres. Los republicanos y los socialistas se presentaron por separado, mientras que el centro-derecha se agrupó. Esto, unido a la abstención de las zonas de tradición anarquista, provocó el triunfo de los partidos de centro-derecha y el hundimiento de la izquierda. La CEDA fue el partido con más diputados, seguido del partido radical. Mientras, socialistas y republicanos de izquierda tuvieron que pasar a la oposición. Con la nueva composición de las Cortes, Alcalá-Zamora encargó la formación de gobierno a Lerroux, que contó con el apoyo parlamentario de la CEDA, aunque este partido no formó parte del gobierno.

La política contrareformista de Lerroux

El nuevo gobierno inicia un giro conservador manifiesto en varias medidas:

• Paralización de la reforma agraria, con la consiguiente expulsión de las tierras que habían ocupado de miles de jornaleros.
• Paralización de la reforma militar y designación para puestos clave de militares claramente antirrepublicanos como Franco, Goded o Mola. Esta nueva política fue completada con una amnistía para los participantes en el golpe de Sanjurjo en 1932.
• Conciliación con la Iglesia Católica.
• Paralización de las reformas educativas. Parón en el programa de construcciones escolares y anulación de la enseñanza mixta.
• Enfrentamiento a los nacionalismos periféricos. Freno al proyecto de Estatuto de Autonomía vasco, presentado por el PNV y enfrentamientos con la Generalitat catalana, que presidía Lluis Companys, dirigente de ERC, desde enero de 1934.

La revolución de 1934

En octubre de 1934 Lerroux decide incluir en su gobierno a tres ministros de la CEDA. Desde que se formó el primer gobierno de Lerroux, y ante el giro conservador de su política, algunos sectores del PSOE planteaban la idea de una insurrección popular contra el gobierno. Ahora, la entrada de la CEDA en el gobierno dio fuerza a estas tendencias, muy influidas además por el contexto internacional. En 1933 Hitler se había hecho con el poder en Alemania y había iniciado la construcción del Estado nazi. En Austria, el canciller Dollfuss había desatado una dura represión contra el movimiento obrero. Para las organizaciones obreras españolas, la entrada de la CEDA en el gobierno significaba un paso más en el avance del fascismo, aunque la CEDA estaba lejos de ser un partido fascista. En este contexto, el PSOE, con el apoyo de comunistas y anarquistas, convoca una huelga revolucionaria que debería desembocar en una insurrección popular. La convocatoria tuvo un seguimiento muy desigual y fue fácilmente controlada por el gobierno. Sin embargo, hubo dos territorios donde las jornadas de octubre tuvieron un especial significado:
Asturias Aquí socialistas, comunistas y anarquistas crearon un comité revolucionario, controlaron las principales ciudades de la cuenca minera, cercaron Oviedo y proclamaron la República Socialista. El gobierno tuvo que recurrir a la Legión, dirigida por el general Franco, que después de duros combates consiguió recuperar el control sobre la región. Cataluña La Generalitat de Cataluña seguía controlada por la Esquerra, enfrentada al gobierno conservador que preside Lerroux. El parlamento catalán había aprobado una ley sobre contratos de cultivo que prácticamente convertía a los arrendatarios en propietarios de las tierras que cultivaban. Los propietarios, apoyados por la Lliga, rechazaban esta ley y el gobierno central consiguió que el Tribunal de Garantías Constitucionales la anulase. Ante estos hechos, y como respuesta a la entrada de la CEDA en el gobierno, el presidente Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la Federación Española. El gobierno central respondió bombardeando el Palacio de la Generalitat y suspendiendo la autonomía catalana.

La política agraria de Giménez Ferández y la «contrarreforma» de Nicasio Velayos

El gobierno presidido por Lerroux trató de actuar de una forma moderada, pero las presiones de la derecha y de la izquierda impidieron el desarrollo normal de la legislatura. El cedista Manuel Jiménez Fernández, desde el Ministerio de Agricultura, elaboró una nueva ley de Arrendamientos Rústicos que pretendía convertir en propietarios a los aparceros y a los arrendatarios. Esta acción y la negativa a devolver las tierras expropiadas contaron con la oposición de los más radicales de la CEDA y los agrarios, por lo que fracasó y originó una crisis de gobierno. El nuevo ministro de Agricultura, el cedista Velayos llevó a cabo una clara política de contrarreforma agraria: se devuelven parte de las tierras expropiadas y se descapitalizan los organismos públicos de apoyo a los campesinos.

La política militar de Gil Robles

Lerroux, en mayo de 1935, presidirá un nuevo gobierno más derechista. En ese gobierno habrá cinco ministros de la CEDA y nombró ministro de la Guerra a Gil Robles que se apoyará en los militares más antirrepublicanos como Fanjul y Franco (Mayo de 1935). Los movimientos huelguísticos y las críticas a la actuación de las fuerzas de orden público en la represión obrera y la corrupción generalizada (estraperlo) provocaron nuevas crisis de gobierno que llevaron inevitablemente a la convocatoria de unas nuevas elecciones en febrero de 1936. Esta etapa se caracterizó por su esterilidad y su inestabilidad, consecuencia de la falta de entendimiento entre radicales y cedistas, de la acción de la extrema derecha que quería que el gobierno fracasara y de la actitud de la izquierda que no creyó en la integración de la derecha en la República. Sin embargo, esta etapa no supuso una vuelta a 1930, ya que sus actuaciones afectaron someramente a lo legislado durante el Bienio Progresista.

La fracasada reforma constitucional

El nuevo gobierno de Lerroux compuestos por CEDA, Partido Agrario, Partido Republicano Demócrata-Liberal y Partido Republicano Radical presentó un proyecto de revisión de la Constitución. En julio de 1935 Lerroux presentó en las Cortes un anteproyecto que proponía el cambio de 41 artículos: se recortaba el alcance de la autonomía de las regiones con aumento de su control por el gobierno central; se abría el camino a la supresión del divorcio; se anulaba la posibilidad de socialización de la propiedad privada, se establecía un Senado, como segunda cámara de las Cortes... Este anteproyecto no satisfacía a ningún partido por lo que los debates se eternizaron. El 1 de septiembre de 1935 Gil Robles declaró que aspiraba a la revisión total de la Constitución y añadió que, si no la aprobaban, son Cortes muertas que deben desaparecer. Se abrió una crisis en el gobierno debido a la cuestión del alcance de la reforma de la Constitución y la de la devolución a la Generalidad catalana con motivo de la Revolución de Octubre. El 17 de septiembre, Lerroux aprovechó la dimisión de, Antonio Royo Villanova, un anticatalanista miembro del Partido Agrario para disolver su gobierno y renunciar a seguir al frente del mismo. Lerroux fue sustituido por un hombre de confianza de Alcalá Zamora, el financiero liberal Joaquín Chapaprieta, e incluyó un ministro de la Lliga Regionalista, para ampliar la base parlamentaria del mismo. El estallido del escándalo del estraperlo provocó la salida de Lerroux del gabinete el 29 de octubre y del resto de ministros radicales, más tarde el asunto Nombela constituyó el golpe definitivo para el Partido Republicano Radical, del que no se recuperaría.

La ofensiva final de la CEDA

El hundimiento de los radicales por el escándalo del estraperlo y del asunto Nombela, convenció a Gil Robles de poner en marcha la tercera fase para alcanzar el poder y retiró el apoyo al gobierno de Chapaprieta.. El 9 de diciembre de 1935, exigió para sí mismo la presidencia del Gobierno.​El presidente de la República Alcalá Zamora se negó ya que no había proclamado su fidelidad a la República en las Cortes Constituyentes. Alcalá-Zamora interpretaba propiamente la Constitución y formaba gobiernos independientes que gobernaban durante algunas semanas con el parlamento cerrado. Cuando éste se reunía, censuraba el nombramiento y el proceso se repetía de nuevo. Las diferencias entre el presidente de la República y Gil-Robles se volvieron muy tensas, cuando Alcalá-Zamora amenazó con disolver las Cortes y convocar elecciones, en un último intento para que la CEDA permitiera gobernar al presidente de otro partido. Gil-Robles no cedió y reprochó a Alcalá-Zamora su postura, que consideraba contraria a las normas de un régimen parlamentario. El general Fanjul ofreció a Gil Robles dar un golpe de estado militar en su apoyo,​ pero este lo rechazó. El presidente de la República encargó la formación de gobierno a un independiente, Manuel Portela Valladares, formando el 15 de diciembre un gabinete republicano de centro-derecha excluyendo a la CEDA, aunque no contó con el suficiente apoyo en las Cortes y, Alcalá Zamora disolvió el Parlamento el 7 de enero y convocó elecciones para el 16 de febrero de 1936, la primera vuelta, y 1 de marzo, la segunda.

La integración de la izquierda republicana y socialista en torno a Manuel Azaña

La propuesta a la alianza republicano-socialista del primer bienio surgió por los republicanos de izquierda, especialmente su líder Manuel Azaña, tras su injusta detención por los sucesos de octubre se había convertido en un mártir político y en un símbolo para la izquierda. Tras la entrada en el gobierno en mayo de 1935 de más ministros de la CEDA con su líder Gil Robles al frente, Azaña dio tres mítines multitudinarios: el del campo de Mestalla (Valencia), el de Baracaldo (Vizcaya), y el de Comillas (Madrid), con el fin de conseguir una inteligencia republicana que devolviera al régimen sus valores democráticos. En abril de 1935, Azaña había alcanzado un pacto de Conjunción Republicana entre su propio partido y la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio. A mediados de noviembre de 1935 Azaña ofreció al PSOE la formación de una coalición electoral en base al acuerdo de conjunción de las fuerzas de la izquierda republicana. El sector socialista encabezado por Indalecio Prieto defendía el acuerdo, el sector encabezado por Francisco Largo Caballero era reticente al mismo y para reforzar la parte obrera de la coalición impuso la inclusión del Partido Comunista de España (PCE), lo que motivó la salida de la Conjunción Republicana del partido de Sánchez Román. El PCE, había variado su posición respecto los socialistas tras el VII Congreso de la III Internacional, donde Stalin había lanzado la nueva consigna de formar frentes antifascistas. La firma del pacto de la coalición electoral entre los republicanos de izquierda y los socialistas tuvo lugar el 15 de enero de 1936. El PSOE cuando estampó su firma lo hizo también en nombre del PCE y de otras organizaciones obreras (el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y el POUM). El programa de la coalición, llamado Frente Popular, era el de los republicanos de izquierda. El programa incluía, la amnistía para los delitos políticos y sociales (el excarcelamiento de todos los detenidos por la Revolución de Octubre), la continuidad de la legislación reformista del primer bienio y la reanudación de los procesos de autonomía de las regiones, que llevaba aparejada la reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales. El gobierno estaría formado por republicanos de izquierda y los socialistas le darían su apoyo desde el parlamento. La alianza de 1936 era circunstancial, limitada a las elecciones, bien diferente a la de 1931.

LA EDUCACIÓN EN EL BIENIO RADICAL-CEDISTA(DICIEMBRE 1933 A FEBRERO DE 1936)

Las elecciones dieron la victoria a los partidos de la derecha y representaron un retroceso de los partidos republicanos de izquierdas. Es evidente que este marco administrativo y político condicionó de manera sustancial la política educativa del segundo bienio en d que se trataron de rectificar las directrices seguidas en el bienio anterior. Durante los años 1934 y 1935 se crearon un toral de 2.575 plazas de maestros, que contrasta con el periodo precedente, pues, en los meses de 1931 y en los años 1932 y 1933, la República creó 13.580 nuevas plazas de maestro, lo que pone bien a las claras el interés de unos y otros por la mejora educativa. Se intentó, además, en este segundo bienio, desmontar la reforma de las Escuelas Normales del 29 de septiembre de 1931, presentándose en las Cortes distintas proposiciones de ley en esa dirección, siendo la coeducación uno de los ejes de la polémica sostenida por los sectores conservadores y confesionales contra la reforma. Su propuesta consistía en reducir la preparación del Magisterio, duplicar el número de Escuelas de Magisterio, una por sexo, acabando con la coeducación, volvía la enseñanza libre. También fue rectificada en el segundo bienio, la actuación seguida en la inspección de primera enseñanza suprimiéndose la Inspección Central de Primera Enseñanza cuyas funciones, de coordinación y asesoramiento, eran tanto más necesarias cuantos más cambios se producían en el ámbito político. Fue suprimida, a su vez, la inamovilidad de los inspectores en su «cargo v destino», disociándose, en la nueva disposición, entre la inamovilidad en el cargo y en el destino, lo cual dejaba a los inspectores en una situación de vulnerabilidad ante los intereses partidarios fluyentes personajes de pueblos y ciudades. Las Órdenes Religiosas debían dejar de impartir sus enseñanzas, el 1 de octubre en la enseñanza media y el 31 de diciembre en la enseñanza primaria, según establecía la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Pareja Yébenes, primer ministro de I. P.y B. A. del segundo bienio, presentó el 29 de diciembre de 1933 un proyecto de ley contrario a la sustitución de las Órdenes Religiosas y, aunque ese proyecto no llegó a discutirse, en realidad las Órdenes Religiosas siguieron impartiendo sus enseñanzas bajo distintas denominaciones. La actividad desarrollada en aquellas fechas por organizaciones como la Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE) que agrupaba fundamentalmente a las Ordenes Religiosos, o la Confederación Católica de Padres de Familia, cuya cuarta asamblea, celebrada en Covadonga en julio de 1934, tenía como objetivo la reconquista de la enseñanza, o la Sociedad Anónima de enseñanza Libre (SADEL), cuyo objetivo era dar cobertura legal a la enseñanza impartida por las órdenes religiosas, entre otras instituciones, ponen de manifiesto la gran movilización producida en la sociedad por los sectores confesionales de la enseñanza aquellas fechas cuya hegemonía se haría sentir de forma implacable tras la guerra civil.